Un nuevo capítulo se abre en la lucha contra el lavado de dinero en México. El Senado, con una mayoría contundente, ha dado luz verde a una reforma que amplía la lupa sobre las personas políticamente expuestas (PEP) y su círculo cercano. Esta decisión, que ha generado un intenso debate, busca reforzar los mecanismos de control y prevención de operaciones ilícitas, pero también levanta preocupaciones sobre la posible vulneración de la privacidad.

La reforma, impulsada por Morena, introduce cambios significativos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ahora, no solo los funcionarios públicos, jueces y legisladores estarán bajo escrutinio, sino también sus familiares, socios y allegados. La modificación, aprobada tras una reserva presentada por el partido gobernante, establece que las empresas de las que formen parte las PEP deberán implementar políticas de prevención en todas sus sucursales, incluyendo las extranjeras. Este punto, en particular, se presenta como una respuesta directa a las acusaciones de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas por presunto narcolavado.

Sin embargo, la reforma no ha estado exenta de controversia. La oposición ha manifestado su rechazo, argumentando que la ampliación de las facultades de la Secretaría de Hacienda y los bancos para monitorear las actividades de las PEP y su entorno representa una intrusión excesiva en la vida privada. La senadora Alejandra Bárrales, de Movimiento Ciudadano, expresó la preocupación de su bancada por la ambigüedad en la definición de "personas políticamente expuestas" y la posibilidad de que se incluya a trabajadores sin ninguna relación con actividades ilícitas.

El Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, ha ido más allá, denunciando que la reforma es una herramienta de persecución política. Según el senador panista José Antonio Martín del Campo, la Secretaría de Hacienda podría acceder a datos personales, imágenes e incluso la ubicación de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial, instaurando un "sistema de vigilancia masiva".

Ante las críticas, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara ha respondido con la frase "el que nada debe, nada teme", asegurando que la reforma solo afectará a quienes estén involucrados en actividades ilícitas.

Otro punto de discusión ha sido la eliminación de la referencia al financiamiento al terrorismo en la reforma. La senadora morenista Lucía Trasviña argumentó que el objetivo principal es combatir el lavado de dinero, y no el financiamiento del terrorismo. Esta decisión ha generado interrogantes sobre si la nueva legislación es suficientemente robusta para abordar todas las formas de financiamiento ilícito.

La reforma, presentada en octubre pasado, busca fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Incluye la definición de nuevos conceptos, como "beneficiario controlador" y "representante encargado de cumplimiento y riesgo", y establece obligaciones más estrictas para quienes realizan actividades vulnerables, como la identificación y seguimiento de clientes y usuarios.

El futuro dirá si esta reforma logra su objetivo de combatir el lavado de dinero sin comprometer las garantías individuales. El debate está abierto y la sociedad civil seguirá de cerca la implementación de estas nuevas medidas.