Un cambio de paradigma se gesta en el campo mexicano. Por décadas, las mujeres rurales, pilares fundamentales de la economía agrícola, han permanecido invisibilizadas, sus contribuciones minimizadas y sus derechos sobre la tierra ignorados. Este escenario de inequidad comienza a transformarse gracias a un convenio histórico firmado entre la Secretaría de Mujeres y el Tribunal Superior Agrario. Un acuerdo que no solo reconoce la deuda histórica con las mujeres del campo, sino que se compromete a saldarla con acciones concretas.

La magistrada presidenta del Tribunal Agrario, Claudia Dinorah Velázquez, ha calificado este convenio como un hito, no solo por su ambicioso objetivo de otorgar reconocimiento jurídico a 150 mil mujeres durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, sino por el profundo sentido de justicia que lo impulsa. Se trata de un paso decisivo para cerrar una brecha histórica, institucional y simbólica, que ha relegado a las mujeres rurales a un segundo plano. El compromiso no se limita a la retórica, sino que se materializa en una hoja de ruta con acciones específicas: jornadas itinerantes, audiencias remotas, caravanas interinstitucionales y un diagnóstico con enfoque de género, entre otras. Incluso, se contempla la elaboración de una obra editorial que recoja las voces y experiencias de las propias sujetas agrarias, un testimonio invaluable para comprender la complejidad de su realidad.

La titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, ha enfatizado la importancia de este convenio como un primer paso en el largo camino hacia la igualdad en el campo. Reconocer la desigualdad es el primer paso para combatirla, y este acuerdo sienta las bases para una serie de colaboraciones futuras. La entrega de títulos de propiedad a mujeres campesinas, un acto simbólico de gran trascendencia, no solo les otorga seguridad jurídica sobre sus tierras, sino que también representa un reconocimiento a su labor y un empoderamiento real. La incertidumbre que genera la falta de un documento que acredite la propiedad, a menudo fuente de conflictos familiares y comunitarios, comienza a disiparse.

El sistema político, económico y social que históricamente ha excluido a las mujeres en diversos ámbitos, incluyendo el campo, está siendo desafiado. La falta de reconocimiento jurídico de la propiedad de la tierra, a pesar de que las mujeres son quienes la trabajan y la cuidan, constituye una forma de violencia y una profunda desigualdad. Ellas, las mujeres rurales, llevan a cabo una doble o triple jornada laboral, en el campo, en el hogar y a menudo en otras actividades económicas para el sustento familiar. Su aporte es esencial para la economía rural, pero su labor ha sido sistemáticamente invisibilizada.

Este convenio es un rayo de esperanza para las mujeres del campo mexicano. Es un paso firme hacia la justicia social y un reconocimiento a su invaluable contribución. Es un compromiso con un futuro donde las mujeres rurales tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres, donde su voz sea escuchada y su trabajo valorado. Es, en definitiva, un paso hacia un México más justo e igualitario.