El debate sobre los legisladores plurinominales en México se ha convertido en un clamor popular que exige una revisión profunda del sistema. La intención original de asegurar la representación de las minorías políticas se ha desvirtuado, transformándose en un costoso mecanismo que beneficia a unos cuantos y aleja al Congreso de la verdadera voluntad ciudadana. ¿Cómo justificar el millonario gasto que representan estos legisladores, cuando muchos de ellos parecen desconocer las necesidades del pueblo al que, teóricamente, representan? No hablamos de cifras insignificantes: millones de pesos anuales destinados a sueldos, prestaciones y privilegios para figuras que, en muchos casos, acceden a sus escaños sin haber competido en las urnas, sin haber recorrido las calles, sin haber escuchado las demandas de la gente.

La opacidad que rodea la conformación de las listas plurinominales es otro punto crítico. ¿Quiénes deciden quiénes ocupan estos puestos? Las cúpulas partidistas, en un juego de lealtades y compromisos internos, determinan quiénes tendrán el privilegio de legislar sin un mandato popular directo. Esto genera una profunda desconfianza en la ciudadanía, que ve cómo estos escaños se convierten en moneda de cambio para favores políticos o, peor aún, en un escudo protector contra posibles procesos judiciales, el tan criticado fuero. Casos como los de Lilly Téllez, Ricardo Anaya o Kenia López Rabadán, mencionados como posibles candidatos plurinominales para 2024, alimentan la indignación. ¿Es justo que figuras con cuestionamientos en su trayectoria política, o incluso con largos periodos de ausencia en el país, accedan directamente a un escaño sin someterse al escrutinio popular? La percepción generalizada es que estos políticos buscan el fuero y los beneficios del cargo, no el servicio público.

Este sistema no solo es injusto, sino que debilita la democracia. Al permitir que las cúpulas partidistas controlen una parte significativa del Congreso, se distorsiona la representación popular y se limita la posibilidad de que nuevas voces, con un genuino compromiso social, lleguen a los espacios de decisión. La eliminación de los diputados plurinominales no es una propuesta radical, sino una necesidad urgente para fortalecer nuestras instituciones y devolverle al pueblo el poder de elegir a todos sus representantes. Imaginemos un Congreso donde cada legislador sea el resultado de una elección directa, donde la voz de la ciudadanía sea la única que determine quiénes ocupan los escaños. Un Congreso verdaderamente representativo, legítimo y comprometido con las necesidades del país.

El costo económico de mantener a los plurinominales es un argumento de peso, pero el costo para la democracia es aún mayor. La falta de conexión con la realidad social, la opacidad en su designación y la búsqueda de privilegios por encima del servicio público son factores que erosionan la confianza en las instituciones. La pregunta que debemos hacernos es: ¿queremos un Congreso que represente los intereses de unos pocos o un Congreso que trabaje para todos los mexicanos? La respuesta, sin duda, está en manos del pueblo.