La sombra de la impunidad se cierne sobre Tamaulipas. Un manto de dudas e interrogantes envuelve a cuarenta denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado, poniendo en jaque la lucha contra la corrupción. El tiempo, implacable, juega en contra de la justicia. Los presuntos responsables de diversos delitos, cometidos en el ejercicio de la función pública, podrían evadir las consecuencias de sus actos gracias al tic-tac del reloj. Hablamos de hechos ocurridos en 2019 y años anteriores, un pasado que amenaza con quedar sepultado bajo el peso de la prescripción.

La voz de alarma la ha dado Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Sus palabras, cargadas de preocupación, revelan un escenario complejo: las denuncias, aunque existen, llegaron tarde. "Bien se pudieron hacer las auditorías, observar irregularidades y demás; sin embargo, las denuncias no fueron presentadas en tiempo", sentencia Govea Orozco, dejando entrever la frustración ante un sistema que, por su lentitud, podría permitir que la justicia no llegue a quienes presuntamente la vulneraron.

La prescripción, ese tecnicismo legal, se convierte en un obstáculo insalvable. Como una espada de Damocles, pende sobre los expedientes, amenazando con archivarlos definitivamente. La gravedad de los delitos determina el plazo de prescripción: seis, ocho, incluso diez años en casos de peculado. Un tiempo precioso que, en estas circunstancias, se ha esfumado.

Ayuntamientos como Matamoros, Río Bravo, Jiménez, Güémez, San Carlos y Casas, entre otros, figuran en la lista de investigaciones que podrían quedar en el olvido. Las irregularidades detectadas en ejercicios fiscales anteriores al 2020 se enfrentan a un futuro incierto. La falta de diligencia en la presentación de las denuncias ha abierto una brecha por la que la impunidad podría colarse.

Y la historia se repite. Denuncias presentadas durante la administración anterior, ahora estancadas, sin movimiento, sin nuevos elementos de prueba que las impulsen. Un ciclo vicioso que perpetúa la falta de rendición de cuentas y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La urgencia se palpa en las palabras de Govea Orozco. "Si hay hallazgos en ejercicios más recientes, se deben denunciar de inmediato", insta el fiscal, consciente de que el tiempo es oro en la lucha contra la corrupción. Cada día que pasa, la posibilidad de que los responsables rindan cuentas se desvanece.

¿Qué falló? ¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no actuó con la celeridad debida? ¿Existen responsabilidades por esta demora que podría tener consecuencias tan graves? Las preguntas flotan en el aire, demandando respuestas.

La ciudadanía exige transparencia y justicia. Espera que las instituciones encargadas de velar por el buen uso de los recursos públicos actúen con diligencia y eficacia. La lucha contra la corrupción no puede ser una batalla perdida de antemano. El futuro de Tamaulipas depende, en gran medida, de la capacidad del sistema para sancionar a quienes traicionan la confianza depositada en ellos. La prescripción no puede ser sinónimo de impunidad.