La creciente militarización de la seguridad pública en México ha encendido las alarmas de diversos sectores de la sociedad. La propuesta de reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que busca afianzar el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre este cuerpo, se percibe como una grave amenaza al equilibrio de poderes y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se trata simplemente de una diferencia de opiniones sobre estrategias de seguridad, sino de un cambio profundo en el modelo constitucional que pone en jaque el futuro de la democracia mexicana.

La controversia radica en la naturaleza misma de la Guardia Nacional. Concebida originalmente como una fuerza civil, su progresiva militarización desdibuja los límites entre la seguridad pública y la defensa nacional, concentrando un poder excesivo en las fuerzas armadas. Esta concentración de poder, sin los controles y contrapesos necesarios, abre la puerta a potenciales abusos y violaciones de derechos humanos.

La experiencia histórica de México, marcada por episodios de autoritarismo y represión, exige una especial cautela ante cualquier intento de militarizar la vida pública. La memoria de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en el pasado, aún presente en la conciencia colectiva, refuerza la necesidad de mantener una clara separación entre las funciones militares y las civiles.

La reforma propuesta no solo ignora estas lecciones del pasado, sino que también contradice el espíritu de la Constitución, que establece claramente la naturaleza civil de la seguridad pública. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado en contra de algunas de las disposiciones contenidas en la reforma, como las relacionadas con las operaciones encubiertas y la vigilancia masiva sin orden judicial, considerándolas inconstitucionales.

La preocupación se extiende también al ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas. La opacidad que rodea a las operaciones militares dificulta la fiscalización y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. La falta de transparencia genera un ambiente propicio para la corrupción y la impunidad, socavando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El argumento de la eficiencia en el combate a la delincuencia, utilizado para justificar la militarización, no puede ser un pretexto para vulnerar los principios democráticos. La seguridad no puede construirse a costa de la libertad y los derechos humanos. Es necesario buscar soluciones integrales que aborden las causas profundas de la violencia, invirtiendo en la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones civiles y la justicia social.

El futuro de la democracia mexicana está en juego. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos tienen la responsabilidad de defender el Estado de Derecho y resistir cualquier intento de retroceso hacia un régimen autoritario. El debate sobre la Guardia Nacional no es un tema meramente técnico o jurídico, sino una cuestión fundamental que define el tipo de país que queremos construir. Un país donde la seguridad se garantice con pleno respeto a los derechos humanos y a la Constitución, o un país donde el poder militar se imponga sobre las libertades ciudadanas.