La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el futuro electoral de México. El anuncio presidencial de una reforma electoral, antes incluso de concluir la elección judicial, ha encendido las alarmas y reavivado debates que creíamos superados. La intolerancia a la crítica, manifestada en las recientes mañaneras, evoca un pasado no tan lejano donde el disenso era sinónimo de ataque. ¿Hemos retrocedido en la construcción de un espacio democrático donde la pluralidad de voces sea valorada y no censurada?

La justificación de la reforma se centra en cuatro ejes problemáticos: el costo de las elecciones, los recursos del INE, el financiamiento de los partidos políticos y la eliminación de las candidaturas plurinominales. Sin embargo, un análisis más profundo revela la fragilidad de estos argumentos. ¿Es realmente el costo de la elección judicial un argumento válido, considerando las múltiples deficiencias que presentó, desde la limitación del voto en el extranjero y para personas en prisión preventiva, hasta la ausencia del PREP y la reducción significativa de casillas? Se intenta justificar un recorte presupuestal con base en una elección excepcionalmente limitada.

La propuesta de reducir los recursos del INE, a través de la desaparición de los OPLEs y los tribunales electorales locales, así como del recorte al Servicio Profesional Electoral, no solo debilita la estructura electoral, sino que centraliza el poder y abre la puerta a posibles manipulaciones. ¿Se busca eficiencia o control? La historia nos ha enseñado que la autonomía de los organismos electorales es fundamental para garantizar la imparcialidad y transparencia de los procesos democráticos. Desmantelar el INE, pieza clave de nuestra democracia, es un riesgo que no podemos permitirnos.

En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, la reducción del 50% en el financiamiento público, si bien suena atractiva en principio, podría incentivar la búsqueda de recursos ilegales, abriendo la puerta a la corrupción y al control por parte de intereses particulares. ¿Es acaso este el camino hacia una democracia más sana? La transparencia en el financiamiento de los partidos es esencial para evitar la influencia de poderes fácticos y garantizar la equidad en la contienda electoral.

Finalmente, la propuesta de eliminar las candidaturas plurinominales y establecer un sistema de triunfos a las primeras minorías, lejos de fortalecer la representación, la limita. ¿Qué sucede con las minorías que, a pesar de tener presencia nacional, no alcanzan las primeras posiciones? Se les niega la posibilidad de ser escuchadas y de participar en la toma de decisiones. La representación proporcional, aunque imperfecta, es un mecanismo que busca dar voz a la diversidad ideológica y política del país. Su eliminación homogeniza el panorama político y silencia a importantes sectores de la sociedad.

El debate que se avecina será crucial para el futuro de nuestra democracia. Es imperativo que la oposición y la sociedad civil participen activamente, exigiendo transparencia y argumentos sólidos. No podemos permitir que una reforma electoral, impulsada por la intolerancia a la crítica y justificada con argumentos superficiales, debilite las instituciones que garantizan la equidad y la transparencia de nuestros procesos electorales. El futuro de México está en juego.