Un rayo de esperanza ilumina la sombría realidad de las desapariciones en México. La incorporación de 570 propuestas ciudadanas a la reforma de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, representa un paso firme, aunque aún insuficiente, hacia la justicia y la verdad que claman miles de familias. Valentina Peralta Puga, coordinadora Nacional de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, lo califica como un "avance muy importante", fruto de meses de intensas mesas de discusión y arduas negociaciones. No es un logro menor, considerando la complejidad del tema y los intereses en juego.

Esta reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se nutre de la experiencia y el dolor de quienes han vivido la tragedia de la desaparición en carne propia. Familiares, colectivos y expertos han contribuido con sus propuestas, dando voz a quienes a menudo son silenciados. La unificación de las bases de datos, dispersas por todo el país, se perfila como un cambio crucial. Imaginen la magnitud del problema: más de 85,000 cuerpos sin identificar yacen en fosas comunes, un testimonio desgarrador de la impunidad y la falta de coordinación entre instituciones. ¿Cuántos de ellos podrían ser las personas que sus familias buscan desesperadamente?

Peralta Puga describe esta falta de conexión como una tragedia dentro de la tragedia. Mientras las familias recorren "cielo, mar y tierra", los restos de sus seres queridos podrían estar abandonados en fosas comunes, víctimas de un sistema que les ha fallado. La creación de una plataforma nacional permitirá cruzar información y, con suerte, conectar identidades, brindando un poco de paz a quienes viven en la incertidumbre.

Si bien la reforma presenta avances significativos, aún queda camino por recorrer. La búsqueda forense, la identificación de personas sin vida y la creación de centros de resguardo temporal son aspectos fundamentales que requieren mayor atención. La ley, vigente desde hace 7 años, obliga a las entidades a implementar programas de exhumaciones, peritajes e identificación, pero la realidad es que pocos han cumplido. Los centros de resguardo temporal, espacios dignos para los restos recuperados, son esenciales para evitar que más personas sean sepultadas en el anonimato de las fosas comunes.

El reto es enorme: rescatar cuerpos que llevan décadas sepultados, devolverles su identidad y brindar a sus familias la posibilidad de un duelo digno. No se trata solo de un imperativo legal, sino de una obligación moral. Estas personas, en manos del gobierno, merecen ser buscadas, identificadas y devueltas a sus seres queridos. La construcción de centros de resguardo temporal, como se ha comprometido Clara Brugada, es un primer paso en este largo y doloroso proceso de búsqueda de verdad y justicia.

La lucha contra la desaparición en México es una tarea colectiva que exige compromiso, recursos y, sobre todo, empatía. Las 570 propuestas incorporadas a la reforma representan una luz de esperanza en medio de la oscuridad, un testimonio de la resiliencia de las familias y de la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un país más justo. El camino es largo, pero cada paso cuenta.