La creciente tensión en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) ha vuelto a encender las alarmas. El reciente incidente de intimidación hacia un automovilista, confundido con un conductor de plataforma, no es un caso aislado, sino un reflejo de un problema más profundo que aqueja a la terminal: el acoso sistemático por parte de algunos taxistas concesionados. Si bien el video que circula en redes sociales muestra un episodio puntual, la realidad es que estas prácticas se han convertido en una constante, generando un clima de miedo e inseguridad para quienes transitan por la CAPU.

La víctima, un ciudadano común que simplemente dejaba a un familiar en la terminal, se vio rodeado y agredido verbalmente por un grupo de taxistas que, sin mediar palabra, lo acusaron de trabajar para una aplicación de transporte. A pesar de las aclaraciones del automovilista, los agresores continuaron con sus intimidaciones, demostrando una preocupante falta de respeto y una predisposición a la violencia. Este tipo de comportamiento, lejos de ser una anécdota, se repite con frecuencia en la CAPU, donde los taxistas concesionados parecen haber tomado la justicia por su mano, imponiendo su ley a través del hostigamiento y la amenaza.

La indignación en redes sociales no se ha hecho esperar. Usuarios de diversas plataformas han expresado su preocupación ante la impunidad con la que operan estos grupos, denunciando la falta de control y la ineficacia de las autoridades para frenar estas prácticas. Muchos temen por su seguridad al transitar por la terminal, mientras que otros señalan la existencia de una "mafia de poder" que opera con total libertad, amparada por la inacción de quienes deberían garantizar el orden y la seguridad. Se habla de pagos irregulares, de complicidades y de una red de intereses que permite que estas situaciones se repitan una y otra vez.

La problemática de la CAPU no se limita al acoso a los conductores de plataformas. La falta de orden, la proliferación de vendedores ambulantes y la deficiente gestión de la terminal son problemas que se arrastran desde hace tiempo, contribuyendo a un ambiente de caos e inseguridad. La ausencia de una autoridad firme y presente que regule la actividad en la terminal ha creado un vacío que algunos taxistas han aprovechado para imponer sus propias reglas, convirtiendo la CAPU en un territorio donde impera la ley del más fuerte.

Es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto. No basta con condenar los hechos a través de comunicados; se necesitan acciones concretas que pongan fin a la impunidad y garanticen la seguridad de todos los ciudadanos. Es necesario implementar medidas que regulen la actividad de los taxistas, sancionando de manera ejemplar a quienes incurran en prácticas de acoso e intimidación. Asimismo, es fundamental mejorar la gestión de la terminal, erradicando la informalidad y garantizando un ambiente de orden y respeto para todos los usuarios. La CAPU debe ser un espacio seguro y accesible para todos, no un territorio dominado por el miedo y la intimidación.