La militarización de la seguridad pública en México ha dado un salto alarmante. Lejos de ser una medida transitoria, la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se consolida como un proyecto a largo plazo con implicaciones preocupantes para el futuro de la democracia. El paquete de reformas legales propuesto no sólo ignora los principios constitucionales que exigen un mando civil, sino que profundiza el control militar sobre la seguridad ciudadana, otorgando a la SEDENA un poder prácticamente absoluto sobre la Guardia Nacional.

Imaginen un escenario donde la formación, el despliegue, la inteligencia e incluso las funciones de investigación de la Guardia Nacional estén en manos militares. Este escenario, lamentablemente, está a punto de volverse realidad. La propuesta no se limita a la estructura jerárquica, sino que penetra en el corazón mismo de la operatividad de la Guardia Nacional, equiparándola al Ejército y a la Fuerza Aérea. Mandos militares en activo dirigirán las operaciones, la formación se realizará exclusivamente en planteles castrenses y la doctrina policial, exigida por la propia Constitución, quedará relegada.

Esta militarización conlleva riesgos evidentes. Se otorgan facultades a la Guardia Nacional para intervenir comunicaciones, obtener geolocalización en tiempo real y realizar operaciones encubiertas, sin una clara cadena de mando civil ni límites judiciales efectivos. Se abren las puertas a la normalización de prácticas que la Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucionales, como el uso de identidades simuladas sin la supervisión del Ministerio Público. El derecho a la privacidad, la no autoincriminación y la presunción de inocencia quedan en una situación de extrema vulnerabilidad.

La ampliación del fuero militar para juzgar a integrantes de la Guardia Nacional agrava aún más la situación. Este punto contraviene los principios del sistema interamericano de derechos humanos, que establece claramente que las fuerzas armadas no deben juzgar a civiles ni a policías por actos fuera del ámbito estrictamente castrense. Se configura así un sistema opaco, donde la rendición de cuentas se diluye y la justicia militar se impone sobre la civil.

El informe anual que el Ejecutivo Federal presentará al Senado no ofrece garantías reales de control. Se trata de un mero trámite sin consecuencias, sin herramientas para evaluar, corregir o limitar las acciones de la Guardia Nacional. El Senado queda relegado a un papel pasivo, sin capacidad de incidencia real sobre una institución que concentra un poder sin precedentes.

Frente a este panorama, la necesidad de una policía civil bien formada, con carrera, evaluaciones, salarios dignos y proximidad con la ciudadanía se vuelve aún más urgente. La inteligencia civil, la justicia eficiente y la prevención social son los pilares de una verdadera seguridad, no la fuerza descontrolada y la militarización de la vida pública. El modelo que se está imponiendo no sólo transforma la estructura legal, sino la relación misma del Estado con la sociedad. Se construye un país donde los militares no sólo patrullan, sino que investigan, espían, juzgan y gobiernan. Un país donde la línea que separa la seguridad de la defensa se desvanece, poniendo en riesgo las libertades fundamentales que tanto nos ha costado conquistar. Defender la democracia y las garantías civiles frente a este avance autoritario es una responsabilidad ineludible.