Un cambio radical se avecina en el panorama de la seguridad en México. La Cámara de Diputados ha dado luz verde a la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una legislación que promete transformar la manera en que se combate la delincuencia en el país. Con una abrumadora mayoría de 445 votos a favor y tan solo 37 en contra, esta ley busca tejer una red de seguridad más robusta y eficiente, basada en la prevención, la profesionalización de las fuerzas policiales y la inteligencia estratégica.

Uno de los puntos más destacados de esta nueva ley es la eliminación del polémico padrón de usuarios de telefonía móvil. Este registro, que generaba preocupación en cuanto a la privacidad de los ciudadanos, finalmente ha sido descartado, demostrando la sensibilidad del gobierno ante las inquietudes de la población. La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ha enfatizado que esta ley no es un producto improvisado, sino el resultado de un exhaustivo análisis de las fallas del sistema anterior. Se ha buscado, con esta nueva legislación, atender las demandas más urgentes de la sociedad y armonizar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– bajo los principios de colaboración, transparencia y resultados concretos.

Se busca, según las palabras de la diputada Saiden Quiroz, construir una paz duradera en México, siguiendo los compromisos en materia de seguridad asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en sintonía con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. La nueva ley plantea políticas que buscan fortalecer las instituciones y proteger a la ciudadanía, con esquemas y modelos de actuación innovadores.

Sin embargo, no todos comparten el optimismo. Voces críticas, como la del diputado Emilio Suárez Licona (PRI), se alzan contra esta nueva legislación, argumentando que representa un desmantelamiento del federalismo en materia de seguridad pública. Según Suárez Licona, la ley promueve un centralismo competencial y presupuestal, subordinando las policías locales al Gobierno Federal y perpetuando la militarización de la seguridad. Estas preocupaciones también son compartidas por la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC), quien considera que la ley concentra el poder y la información en el Ejecutivo Federal, en detrimento del federalismo y la desmilitarización de las instituciones civiles. Ruiz Massieu Salinas cuestiona si esta norma realmente está alineada con los lineamientos constitucionales que deben regir al Estado mexicano.

El debate está abierto. La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con sus promesas de transformación y sus potenciales riesgos, marca un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia en México. El tiempo dirá si esta legislación logra cumplir sus objetivos y construir la paz duradera que tanto anhela la sociedad mexicana, o si, por el contrario, se convierte en un nuevo capítulo de frustraciones en la compleja historia de la seguridad en el país. Lo que es innegable es que esta ley ha generado una discusión crucial sobre el futuro de la seguridad en México, un tema que nos incumbe a todos. Permanezcamos atentos al desarrollo de estos acontecimientos y participemos activamente en la construcción de un país más seguro.