La indignación hierve a fuego lento en Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca. Un hombre, señalado como extorsionador, estuvo a un tris de ser linchado por una comunidad harta de la delincuencia que azota la región del Istmo de Tehuantepec. La escena, tensa y cargada de rabia contenida, se desarrolló frente a la agencia municipal, donde la policía resguardaba al detenido. Imaginen la escena: un grupo de vecinos, rostros marcados por la impotencia y el miedo, exigiendo justicia, clamando por un castigo inmediato. La frustración acumulada por meses de extorsiones, robos y amenazas, a punto de estallar en un acto de violencia. El personal de la agencia, convertido en mediador improvisado, intentó apaciguar los ánimos, una tarea titánica frente a la furia colectiva. Se evitó una tragedia, sí, pero la pregunta que queda en el aire es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la ciudadanía tendrá que vivir con el temor constante de ser la próxima víctima?

Este incidente no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática profunda que corroe el tejido social del Istmo. Comerciantes, abarroteros, pequeños negocios… todos viven bajo la sombra de la extorsión, obligados a pagar por su seguridad, por su derecho a trabajar. Una realidad que ahoga la economía local y siembra la desesperanza. La Operación Sable, implementada por el gobierno estatal tras los recientes episodios de violencia en Juchitán, busca frenar esta ola delictiva. Sin embargo, la percepción de seguridad en las calles aún no se materializa. La gente sigue con miedo, desconfiada, preguntándose si las medidas tomadas serán suficientes para devolverles la tranquilidad.

Recordemos los ataques a transportistas en Juchitán, quienes, al negarse a pagar el “derecho de piso”, fueron agredidos mientras cumplían con su labor. Hombres y mujeres que arriesgan su vida para llevar el sustento a sus hogares, ahora también se enfrentan a la amenaza de grupos delictivos que operan con impunidad. ¿Qué futuro les espera a las familias que dependen de estos trabajadores? ¿Qué futuro le espera a una comunidad que vive con el miedo constante a la violencia?

Es urgente que las autoridades refuercen las estrategias de seguridad y brinden una respuesta contundente a la exigencia de justicia de la ciudadanía. No basta con detener a los responsables de actos delictivos aislados; se necesita desarticular las redes criminales que operan en la región, fortalecer las instituciones de justicia y, sobre todo, generar un clima de confianza entre la población. La gente necesita saber que sus denuncias serán escuchadas, que sus derechos serán protegidos, que pueden vivir sin miedo. El caso de Álvaro Obregón es un llamado de atención, una señal de alarma que no podemos ignorar. La paz y la seguridad no son un privilegio, son un derecho que debemos garantizar a todos los habitantes del Istmo de Tehuantepec. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se traducirán las operaciones en una paz tangible para la comunidad?