La historia de Laren Aniceto ha destapado una preocupante realidad que resuena con fuerza al otro lado del continente. La revelación de que su supuesta psiquiatra, Mara Faget, operaba sin licencia y con un historial plagado de acusaciones, nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de quienes buscan ayuda profesional en momentos de fragilidad emocional. El caso de Faget, con sus presuntas prácticas fraudulentas y manipulación emocional, evoca inevitablemente el caso de Marilyn Cote en México, recordándonos que la falta de escrúpulos y la usurpación de profesiones, lamentablemente, no conocen fronteras. Aniceto, con una valentía admirable, transformó su experiencia personal en una cruzada por la verdad. Su investigación meticulosa, que incluyó entrevistas a más de 30 personas, desde antiguos pacientes hasta médicos y abogados, desvela un patrón de comportamiento perturbador. La recopilación de testimonios y pruebas no solo sirvió para su trabajo de fin de grado, sino que también llegó a la televisión nacional, dando voz a las víctimas y exponiendo la magnitud del engaño.

Imaginen la angustia de quienes, buscando apoyo para sus problemas de pareja, se encontraron con una terapeuta que no solo carecía de la cualificación necesaria, sino que además se aprovechaba de su confianza para obtener beneficios económicos. Las historias de pacientes endeudados, algunos incluso recurriendo a préstamos bancarios para ayudar a Faget con supuestas emergencias familiares, pintan un cuadro desolador de manipulación y abuso de poder. La cifra de medio millón de reales, mencionada en algunos casos, ilustra la magnitud del daño económico infligido a estas personas. Más allá del impacto financiero, es imposible ignorar las consecuencias emocionales de ser tratado por alguien que no posee las competencias necesarias. La confianza depositada en un profesional de la salud mental es fundamental para el proceso terapéutico, y la traición de esa confianza puede tener efectos devastadores.

La negación del abogado de Faget, argumentando que su cliente trabaja como psicoanalista y que no existen pruebas suficientes, contrasta con la contundencia de los testimonios recogidos. La afirmación de que todo se trata de una campaña en su contra plantea interrogantes sobre las estrategias utilizadas para desacreditar a las víctimas y evadir la responsabilidad. Mientras el proceso judicial sigue su curso, el caso de Faget nos invita a exigir mayor transparencia y controles más rigurosos en el acceso a la práctica de la salud mental. La protección de los pacientes debe ser una prioridad, y es imperativo que existan mecanismos eficaces para denunciar y sancionar a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que buscan ayuda. ¿Cómo podemos garantizar que los profesionales que nos atienden cuenten con la formación y la ética necesarias? ¿Qué medidas se pueden implementar para prevenir situaciones similares en el futuro? Estas son preguntas cruciales que debemos abordar como sociedad para proteger la salud mental de todos.