La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se presenta como un parteaguas en el acceso a internet para todos los mexicanos. Recordemos que, como se mencionó en ocasiones anteriores, existen al menos 16 millones de personas sin conexión, lo que representa una barrera significativa para el ejercicio pleno de sus derechos. Esta ley busca precisamente cerrar esa brecha digital, garantizando un acceso justo e inclusivo al espectro, especialmente para comunidades indígenas, afro-mexicanas, y con una perspectiva de género. No se trata solo de conectar a la gente, sino de hacerlo de manera equitativa, considerando las necesidades específicas de cada grupo poblacional.

La estrategia para lograr esta ambiciosa meta se basa en dos pilares fundamentales: el fortalecimiento de la cobertura pública y social, y el impulso a un sector privado competitivo y atractivo para la inversión. Se busca un equilibrio que permita ampliar la infraestructura y la cobertura de internet en todo el territorio nacional, tanto a través de la iniciativa pública como de la participación de operadores privados. Este enfoque integral asegura un desarrollo sostenible del sector, generando un ecosistema digital dinámico y accesible para todos.

Uno de los cambios más relevantes de la nueva ley es la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dotado de independencia técnica, operativa y de gestión. Este nuevo organismo, conformado por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, tendrá la crucial tarea de regular el sector y asegurar el cumplimiento de la ley. Además, se establece al Estado como prestador de servicios de internet, reafirmando su compromiso con la conectividad universal.

En cuanto a la regulación de la publicidad de gobiernos extranjeros en televisión y radio, la ley prohíbe la transmisión de propaganda política o ideológica, salvo en casos de promoción turística, cultural o deportiva. En el caso de las plataformas digitales, la restricción se limita a la pauta, es decir, a la compra de publicidad para aumentar la visibilidad de los videos. Es importante destacar que se ha eliminado el artículo 109, anteriormente asociado a un tema fiscal, para disipar cualquier duda sobre la posibilidad de censura. La intención es clara: garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, al tiempo que se regula la injerencia política extranjera.

Un aspecto crucial para la seguridad y la transparencia en el uso de los servicios de telecomunicaciones es la obligatoriedad de presentar identificación oficial para la compra y activación de chips de telefonía celular. Esta medida, que ya es implementada por los operadores, no implica la creación de un registro gubernamental, sino que refuerza la responsabilidad de las compañías en la identificación de sus usuarios. De esta manera, se busca prevenir el uso indebido de las líneas telefónicas y fortalecer la seguridad ciudadana.

Finalmente, la nueva ley aborda la importante cuestión de los recursos orbitales, poniendo énfasis en la mitigación de la basura espacial y la preservación de las posiciones orbitales de México. Esto permitirá al país desarrollar su propia infraestructura satelital para brindar servicios de conectividad, ampliando aún más las posibilidades de acceso a internet en zonas remotas y contribuyendo al desarrollo tecnológico nacional. En resumen, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un avance significativo en la democratización del acceso a internet, impulsando la inclusión digital y sentando las bases para un futuro conectado y próspero para todos los mexicanos.