La lucha contra la desaparición forzada en México ha dado un paso crucial. La incorporación de 570 propuestas ciudadanas a la reforma de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas representa una victoria para las familias y colectivos que incansablemente buscan a sus seres queridos. Este logro, fruto de meses de intensas negociaciones y diálogos, demuestra el poder de la participación ciudadana en la construcción de un marco legal más robusto y eficaz. No se trata de un mero trámite burocrático, sino de un avance significativo que abre la puerta a una esperanza tangible en la búsqueda de verdad y justicia.

La dinámica de este delito, en constante evolución, exige una actualización permanente de la legislación. Los métodos utilizados por los grupos criminales se adaptan y transforman, lo que obliga a las autoridades a mantenerse a la vanguardia en la prevención, investigación y sanción de estos actos. La reforma en cuestión, enriquecida por el aporte de familiares, organizaciones civiles y expertos, se presenta como una respuesta directa a esta compleja realidad.

Un aspecto fundamental de la reforma es el compromiso gubernamental de unificar las bases de datos de personas desaparecidas, actualmente dispersas y fragmentadas. La creación de una plataforma nacional centralizada permitirá cruzar información y facilitará la identificación de los cuerpos que se encuentran en fosas comunes. Imagine la magnitud del problema: más de 85,000 personas yacen en fosas comunes sin identificar, muchas de ellas, seguramente, buscadas con desesperación por sus familias. La falta de conexión entre las bases de datos ha contribuido a esta trágica situación, donde cuerpos terminan en el anonimato mientras sus seres queridos los buscan incansablemente.

La unificación de la información es un paso esencial, pero no es suficiente. La reforma debe fortalecer también la búsqueda forense y la identificación de personas sin vida. Si bien la ley exige a las entidades la creación de programas de exhumaciones, peritajes e identificación, la realidad es que la implementación ha sido deficiente. La construcción de centros de resguardo temporal, donde los cuerpos puedan ser conservados de manera digna mientras se completa su identificación, es una necesidad urgente. No se trata de enterrar a las víctimas en el olvido, sino de devolverlas a sus familias y brindarles la oportunidad de un duelo digno.

El reto es enorme. Rescatar los cuerpos que llevan años o incluso décadas en fosas comunes requiere de una fuerte inversión de recursos y de una voluntad política inquebrantable. No hay excusas. Estos cuerpos están bajo la custodia del Estado, y es su responsabilidad garantizar su identificación y devolución a sus familias. La construcción de centros de resguardo temporal, como el comprometido por Clara Brugada, es un primer paso fundamental en este largo y complejo camino hacia la justicia y la reparación.

La lucha contra la desaparición forzada es una lucha por la memoria, por la dignidad y por el derecho a la verdad. La reforma de la ley, enriquecida por la participación ciudadana, representa una oportunidad histórica para avanzar en la construcción de un país más justo y solidario, donde la desaparición forzada deje de ser una herida abierta en el tejido social.