La incertidumbre que rodea la cifra real de personas desaparecidas en México ha sido una herida abierta durante demasiado tiempo. Familias que viven en la angustia, la sociedad civil exigiendo respuestas y un gobierno que, hasta ahora, no ha logrado unificar la información de manera transparente. La reciente declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunciando la publicación de datos en un mes, inyecta una dosis de esperanza, aunque también plantea interrogantes cruciales.

La promesa de no solo revelar una cifra, sino también las fuentes de información que la sustentan, es un paso en la dirección correcta. Durante años, la disparidad de datos entre las distintas instituciones ha generado confusión y desconfianza. La mención de la Agencia de Transformación Digital como coordinadora de este esfuerzo es significativa. La tecnología, bien implementada, puede ser una herramienta poderosa para cruzar datos, identificar patrones y, en última instancia, ayudar a encontrar a quienes hoy no están.

Sin embargo, la tarea no es sencilla. Como bien lo señaló la Presidenta, las fuentes de información son diversas y no siempre completas. La plataforma directa de la Comisión de Búsqueda, si bien representa un avance, no captura la totalidad de los casos. La falta de obligación de las Fiscalías para abrir carpetas de investigación ante cada denuncia es un obstáculo que debe ser abordado. ¿Cuántos casos se pierden en este vacío legal? ¿Cuántas familias quedan sin la posibilidad de acceder a la justicia y la verdad?

La labor de la Agencia de Transformación Digital, en conjunto con la Comisión de Búsqueda y las fiscalías estatales, será crucial para homogeneizar la información. Revisar las bases de datos, cruzar información con los registros de personas fallecidas no identificadas en los servicios forenses (INCIFOS) son pasos esenciales para construir un panorama completo. Pero, más allá de la tecnología, se necesita una voluntad política inquebrantable para enfrentar este problema de raíz.

La impunidad que ha rodeado muchos de estos casos ha perpetuado el ciclo de violencia y desaparición. Es fundamental que la publicación de estas cifras sea el inicio de un proceso de rendición de cuentas y justicia. No basta con saber cuántos son, necesitamos saber qué pasó con ellos. Necesitamos que las instituciones funcionen para prevenir futuras desapariciones y para sancionar a los responsables.

La sociedad civil, los colectivos de familiares y las organizaciones de derechos humanos deben ser parte activa de este proceso. Su experiencia, su conocimiento del terreno y su incansable lucha son indispensables para que esta iniciativa no se quede en un mero ejercicio estadístico. La transparencia y la participación ciudadana son pilares fundamentales para construir un México donde la vida y la dignidad de todas las personas sean respetadas.

En un mes, tendremos una cifra. Esperemos que también tengamos un compromiso real y tangible para que esa cifra disminuya y, algún día, llegue a cero. Un país que no conoce el paradero de sus ciudadanos es un país incompleto. Es hora de cerrar las heridas, de sanar las ausencias y de construir un futuro donde la desaparición forzada sea solo un triste recuerdo del pasado.