El debate en torno a las reformas a la Guardia Nacional y al INE se intensifica, con posturas encontradas que reflejan la complejidad del panorama político mexicano. La diputada Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, ha expresado serias preocupaciones sobre la reforma a la Guardia Nacional, argumentando que la posibilidad de nombrar a militares como gobernadores interinos en casos de desaparición de poderes sienta un precedente peligroso. Su crítica se centra en la creciente dependencia de las entidades federativas de la Guardia Nacional, lo que, según Ortega, desvía recursos de las policías locales y debilita la seguridad ciudadana al confiarla a fuerzas que la población no conoce. La diputada insiste en despolitizar la seguridad, un tema que, en su opinión, se ha convertido en un campo de batalla entre diferentes facciones políticas, generando desinformación y beneficiando a la delincuencia organizada.

Por otro lado, Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, defiende la reforma a la Guardia Nacional como una herramienta fundamental para pacificar el país. Ávila argumenta que la Guardia Nacional, lejos de ser una fuerza militarizada, es un cuerpo policial civil con doctrina militar, cuya función es precisamente brindar seguridad a la ciudadanía. Respecto a las facultades de espionaje y solicitud de información sin orden judicial, Ávila aclara que estas se aplicarían únicamente en casos de suma importancia y urgencia, y que existen mecanismos de control a través de ministerios públicos y jueces. Coincide con Ortega en la necesidad de despolitizar la seguridad, aunque difiere en el enfoque para lograrlo.

El debate sobre la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum también genera controversia. Ortega cuestiona la prioridad de esta reforma en un contexto de escasez de medicamentos y otras necesidades urgentes. La diputada argumenta que los recursos destinados a la reforma electoral podrían utilizarse para atender problemas más apremiantes, como el desabasto de medicamentos, y propone un cambio más profundo en el sistema político mexicano.

Ávila, en cambio, defiende la reforma electoral como una medida necesaria para democratizar la vida interna del INE, optimizar recursos y permitir la elección de consejeros que representen al pueblo. La propuesta, según Ávila, busca una mayor eficiencia y transparencia en el sistema electoral, permitiendo una participación ciudadana más activa y representativa.

A pesar de sus diferencias, ambos coinciden en la importancia de un diálogo incluyente entre todas las fuerzas políticas para lograr reformas que beneficien al país. Este debate pone de manifiesto la necesidad de un análisis profundo y una discusión abierta sobre los temas cruciales que afectan a México, buscando soluciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía y fortalezcan las instituciones democráticas. La búsqueda de consensos y la participación ciudadana son fundamentales para construir un futuro más seguro y justo para todos. El camino hacia un México más próspero requiere de la colaboración de todas las voces, reconociendo la importancia de la seguridad, la salud y la democracia como pilares fundamentales para el desarrollo nacional.