La sombra de la duda se cierne sobre el Instituto Nacional Electoral (INE). Tras la exitosa, aunque inédita, elección judicial del pasado 1° de junio de 2025, un grupo de consejeros ha emprendido una campaña de desprestigio contra la presidenta Guadalupe Taddei y, por extensión, contra el propio Instituto. Mientras que más de 881 cargos judiciales fueron elegidos en un proceso que sorteó limitaciones de tiempo, recursos y una compleja maraña política, estos consejeros se han enfocado en magnificar supuestas fallas y sembrar la desconfianza en la ciudadanía. ¿Su objetivo? Debilitar la institución y socavar la legitimidad de un proceso que, contra todo pronóstico, se llevó a cabo con éxito.

La narrativa de estos consejeros, encabezados por figuras como Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo y Martín Faz, se centra en la crítica sistemática y la minimización de los logros alcanzados. Sus cuestionamientos, sin embargo, no se basan en argumentos técnicos sólidos, sino en una agenda política soterrada. Es imposible ignorar las afiliaciones partidistas de estos consejeros: Zavala, ligada al PRD y cercana a Lorenzo Córdova; Ravel, impulsada por el PRI; y Rivera, con vínculos con el PAN y un pasado en el CISEN durante el gobierno de Calderón. Su actuación, más que la de árbitros electorales imparciales, se asemeja a la de una facción opositora que se resiste a la renovación institucional y a la pérdida de sus cotos de poder.

El caso de Martín Faz es particularmente revelador. A pesar de haber sido promovido por Morena, ha adoptado una postura ambigua que le permite navegar entre las diferentes corrientes políticas. Su reciente declaración sobre la supuesta influencia de "acordeones" en la elección del ministro Hugo Aguilar Ortiz, comparada con la improbabilidad de ganar el Melate, carece de rigor metodológico y fue desmentida por expertos del propio INE. Sin embargo, Faz se ha negado a rectificar sus afirmaciones, demostrando una preocupante falta de compromiso con la verdad y la transparencia.

Lo más alarmante es la omisión deliberada, por parte de estos consejeros, del esfuerzo titánico realizado por miles de personas del servicio profesional electoral, los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla y los millones de votantes que acudieron a las urnas. Su discurso se centra exclusivamente en magnificar irregularidades aisladas, ignorando el contexto complejo en el que se desarrolló la elección y el éxito indiscutible en la designación de los cargos judiciales.

Esta actitud plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad de estos consejeros y sus verdaderas intenciones. ¿Buscan realmente fortalecer la democracia o desestabilizar el INE para satisfacer sus propios intereses políticos? Es fundamental analizar con objetividad los hechos y no dejarse influenciar por discursos cargados de intencionalidad política. La elección judicial del 1° de junio, si bien perfectible, fue un logro significativo para la democracia mexicana. El INE, a pesar de las presiones y los obstáculos, demostró una vez más su capacidad técnica y su compromiso con la legalidad y la transparencia.

Es crucial que la ciudadanía esté informada y no se deje engañar por la narrativa de aquellos que buscan deslegitimar las instituciones y sembrar la discordia. El futuro de la democracia mexicana depende de la defensa de instituciones sólidas e imparciales, capaces de garantizar la limpieza y la transparencia de los procesos electorales. La crítica constructiva es esencial para el fortalecimiento del INE, pero no debe confundirse con la manipulación política y la desinformación. El silencio cómplice ante estas prácticas solo contribuye a erosionar la confianza en las instituciones y debilitar el tejido democrático del país.