Tras la reciente elección judicial, un aire de incertidumbre se cierne sobre el sistema. La llegada de figuras sin experiencia jurisdiccional a cargos de alta responsabilidad genera interrogantes cruciales sobre el futuro de la justicia en nuestro país. Si bien el entusiasmo democrático que impulsó la elección directa de ministros, magistrados y jueces es loable, la falta de preparación técnica de algunos de los elegidos plantea un desafío ineludible. Muchos de ellos jamás han dictado sentencia, algunos ni siquiera han litigado con la rigurosidad que exige la profesión. Su triunfo electoral, cimentado en carisma, respaldo político o simple popularidad, contrasta con la compleja realidad que les espera.

El choque con la cotidianidad judicial será, sin duda, abrupto. La avalancha de trabajo, la necesidad de un conocimiento profundo de las leyes y la presión por tomar decisiones justas y oportunas pondrán a prueba sus capacidades. La judicatura no se improvisa; requiere años de estudio, práctica y un compromiso férreo con la ética. La ausencia de estos elementos puede traducirse en errores procesales, sentencias mal motivadas y un desgaste irreparable para la institución.

El personal judicial de carrera, -actuarios, secretarios, proyectistas-, quienes con su experiencia y conocimiento sostienen el funcionamiento del sistema, se verá en la difícil posición de suplir las carencias de sus superiores. Se corre el riesgo de recaer en una justicia de secretarios, donde las decisiones cruciales se tomen en la sombra, socavando la legitimidad del proceso.

La presión pública, avivada por las promesas de cambio y la expectativa generada durante la campaña, será otro factor determinante. La ciudadanía, que depositó su confianza en las urnas, exigirá resultados concretos, imparcialidad y transparencia. La legitimidad otorgada por el voto popular es frágil y puede desvanecerse rápidamente si las decisiones judiciales se perciben como arbitrarias, lentas o influenciadas por intereses políticos.

Los jueces de carrera, con años de experiencia y un profundo conocimiento del sistema, se enfrentan a un dilema crucial: subordinarse a figuras sin la formación necesaria o arriesgar su estabilidad laboral al denunciar las irregularidades. Este escenario puede generar tensiones internas y afectar la cohesión del Poder Judicial.

Las consecuencias a corto plazo son preocupantes: inseguridad jurídica derivada de resoluciones contradictorias o mal fundamentadas, conflictos internos entre el personal técnico y los nuevos titulares, desgaste institucional y una creciente presión mediática y social que exigirá correcciones, renuncias o cambios urgentes.

Ante este panorama, es imperativo actuar con prontitud y responsabilidad. Se requiere implementar programas de capacitación obligatoria para los nuevos jueces, establecer mecanismos de revisión y apoyo técnico, delimitar claramente la intervención partidista en la labor judicial y defender con firmeza la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial.

La elección ya ocurrió, pero la verdadera prueba apenas comienza. El desafío consiste en garantizar el correcto funcionamiento de la justicia a pesar de la vulneración del principio del mérito. Es fundamental que la ciudadanía no pague las consecuencias de este experimento que, en lugar de fortalecer la justicia, parece poner en riesgo la división de poderes. A pesar de las dificultades, aún existen jueces comprometidos con su labor, dispuestos a entregarse por completo para preservar la integridad del sistema. En ellos reside la esperanza de un futuro donde la justicia sea accesible para todos, sin importar su posición social o política.