La sombra del huachicol se extiende y se complejiza. Ya no solo se trata del robo de combustible, sino de una intrincada red que involucra la refinación clandestina, la corrupción a gran escala y la posible participación de empresas internacionales. El caso de la “refinería” ilegal operando impunemente a plena vista en Moloacán, Veracruz, durante seis años, a pesar de las denuncias públicas, destapa una cloaca de complicidades y omisiones que exigen una investigación exhaustiva y transparente.

¿Cómo es posible que una instalación de ese tamaño, dedicada a una actividad ilícita tan evidente, haya pasado inadvertida para las autoridades municipales, estatales y federales? El argumento del gobierno de Rocío Nahle, de que la “refinería” se camuflaba entre la densidad industrial de la zona, resulta poco convincente. Precisamente, esa ubicación estratégica, en el corazón de la actividad petrolera, con la cercanía a los complejos petroquímicos de Pemex y su terminal de almacenamiento, la convertía en un punto ideal para el huachicol. Los 500 mil litros incautados son una gota en el océano comparados con los 2.3 millones de litros que se roban diariamente en el país. Este caso nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas “minirefinerías” como esta estarán operando impunemente bajo el manto de la corrupción?

La producción de diésel de baja calidad, aunque parezca un detalle menor, representa un peligro latente. Su distribución, a través de la extorsión y amenazas por parte del crimen organizado, no solo afecta la economía, sino que pone en riesgo la seguridad de los consumidores. Además, la posible vinculación con Baker Hughes, empresa estadounidense de tecnología petrolera con antecedentes de prácticas irregulares en contratos con Pemex, añade una capa de complejidad internacional al caso. Si se confirma esta conexión, estaríamos hablando de una red de corrupción que trasciende fronteras y que involucra a actores con un alto grado de especialización.

La historia de la fallida planta recicladora de residuos peligrosos, Energía Ecorenovable, S.A. de C.V., añade aún más interrogantes. ¿Fue esta empresa una fachada desde el principio? La negación del permiso por parte de la Semarnat y la ASEA en 2019, ¿fue ignorada deliberadamente? La figura de Ramón Pérez Córdoba, socio de la empresa y supuesto desarrollador de patentes en energía racional y ambiental en Estados Unidos, contrasta con la realidad de una operación clandestina y altamente contaminante. ¿Cuál es su verdadero rol en esta trama? Asimismo, la experiencia de Sandra Luz Villegas Abad en el ramo petrolero, ¿pudo haber sido utilizada para facilitar la operación ilícita?

El caso de la “minirefinería” de Moloacán es un síntoma de un mal mayor que corroe al país. No se trata solo de huachicol, sino de un sistema de corrupción enquistado en las instituciones y en el sector energético. La investigación debe ir más allá de la detención de los operadores y llegar a las cabezas que permitieron que esta operación funcionara durante tanto tiempo. La ciudadanía exige respuestas y justicia. Necesitamos saber quiénes son los responsables de este atentado contra la seguridad y la economía del país. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para restaurar la confianza en las instituciones y para prevenir que casos como este se repitan. El futuro de México depende de ello.