En la Ciudad de México, la lucha contra el control ilegal de estacionamientos, conocido popularmente como "franelerismo", está a punto de dar un giro decisivo. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha presentado ante el Congreso capitalino una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes se apropian del espacio público y exigen pagos por su uso. Esta propuesta, que ya ha generado un intenso debate, contempla arrestos inconmutables de hasta 36 horas para los infractores, una medida significativamente más drástica que las actuales.

La iniciativa no se limita a aumentar las penas. También busca abordar las raíces del problema al ofrecer alternativas a quienes se dedican a esta actividad. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, pondrán a disposición de los infractores programas de empleo y proyectos productivos, brindándoles la oportunidad de generar ingresos de manera legítima. Este enfoque integral, que combina la sanción con la reinserción, busca no solo erradicar el "franelerismo", sino también ofrecer una salida a quienes lo practican.

La propuesta de Brugada establece una clara diferenciación en las sanciones. Mientras que la pena máxima de 36 horas de arresto se aplicará a quienes exijan pagos por "vigilar" vehículos, las penas menores se reservarán para aquellos que obstruyan la vía pública o aparten lugares de estacionamiento. Esta gradación en las sanciones busca una aplicación más justa de la ley, atendiendo a la gravedad de la infracción. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas medidas dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para supervisar y controlar el cumplimiento de la norma. Queda por ver cómo se implementará este nuevo marco legal y si se contará con los recursos humanos y materiales necesarios para su éxito.

El debate en torno a esta iniciativa se centra en la búsqueda de un equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a utilizar el espacio público libremente y la necesidad de ofrecer alternativas a quienes, por diversas circunstancias, se ven orillados a estas prácticas. Organizaciones civiles y expertos en movilidad urbana han expresado la necesidad de implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales del problema, como la falta de empleo y la desigualdad social. La propuesta de Brugada, al incluir programas de empleo y desarrollo productivo, representa un paso en esta dirección, aunque aún queda por definir la eficacia y el alcance de estas medidas.

Además de la lucha contra el "franelerismo", Brugada ha presentado otra iniciativa que modifica el Decreto de la Ley de Austeridad de la Ciudad de México. Esta reforma permitirá a las alcaldías comprometer los recursos del Presupuesto Participativo, extendiendo el plazo para su utilización. Esta medida, que se aplicará por única ocasión, busca equilibrar el principio de disciplina presupuestaria con el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones públicas. La extensión del plazo permitirá a las alcaldías ejecutar los proyectos elegidos por la ciudadanía de manera más eficiente, evitando la pérdida de recursos por falta de tiempo. Sin embargo, se requerirá una mayor transparencia en el manejo de estos fondos para garantizar que se destinen efectivamente a los proyectos prioritarios definidos por la comunidad.

Ambas iniciativas, actualmente en análisis en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Justicia Cívica y Defensoría Pública, representan un importante paso en la búsqueda de una ciudad más justa y ordenada. Su aprobación y posterior implementación serán claves para evaluar su impacto real en la vida de los capitalinos. El diálogo y la participación ciudadana serán fundamentales en este proceso, asegurando que las nuevas normas se apliquen de manera efectiva y respetuosa de los derechos de todos.