La aprobación de la reforma a la Ley de la Guardia Nacional ha desatado un intenso debate en la esfera política mexicana. Mientras la bancada oficialista de Morena defiende la medida como necesaria para consolidar la estrategia de seguridad y brindar certidumbre jurídica a los elementos de la corporación, la oposición acusa una contradicción flagrante con el discurso inicial del gobierno y un retroceso en materia de seguridad ciudadana.

El argumento central de Morena, expuesto por la diputada Rafaela Vianey, se centra en la necesidad de dar continuidad a la estrategia de seguridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la “crisis de seguridad” heredada de administraciones anteriores. La reforma, según Vianey, busca fortalecer el marco jurídico y operativo de la Guardia Nacional, robusteciendo aspectos cruciales como los salarios, el crecimiento profesional y la coordinación entre los diferentes entes involucrados. Se enfatiza la importancia de atender las causas de la inseguridad y consolidar la Guardia Nacional como una pieza clave en la estrategia de la Cuarta Transformación. La legisladora insiste en que esta reforma no es una improvisación, sino una respuesta a una necesidad de largo plazo en materia de seguridad.

Sin embargo, la oposición no comparte esta visión. Héctor Saúl Téllez, del PAN, califica la aprobación de la reforma como una “contradicción” que materializa la incongruencia de la izquierda mexicana en los últimos años. Recuerda que en 2019, todas las fuerzas políticas avalaron la creación de la Guardia Nacional con un mando militar transitorio de cinco años, bajo el argumento de la necesidad de un fortalecimiento de las policías locales. Sin embargo, acusa que, al cumplirse el plazo, en lugar de fortalecer las policías locales se optó por consolidar el mando militar, contraviniendo el artículo 21 de la Constitución y otorgando fuero militar a los elementos activos. Esta decisión, según Téllez, representa un giro drástico en la política de seguridad y una traición al espíritu original de la Guardia Nacional.

Por su parte, Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, se suma a las críticas, acusando al gobierno de Morena de mentir y traicionar su discurso original. La creación de la Guardia Nacional, inicialmente concebida como una institución civil, ha culminado bajo control castrense, lo que, a juicio de la legisladora, representa un grave retroceso. Flores Elizondo expresa su preocupación por la militarización de la seguridad pública, argumentando que los militares están entrenados para la guerra, no para cuidar a la ciudadanía. Critica el abandono del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, advirtiendo sobre el creciente temor en comunidades indígenas ante el poder militar. Finalmente, reprocha a Morena que, tras siete años en el poder, no se haga responsable de los resultados en materia de seguridad, augurando que ellos mismos serán víctimas de las políticas que hoy impulsan.

La controversia generada por la reforma a la Ley de la Guardia Nacional pone de manifiesto la profunda polarización política en México. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para combatir la inseguridad, la oposición la percibe como un paso hacia la militarización del país y una traición a los principios democráticos. El debate continúa abierto y sus consecuencias en el panorama político y social mexicano aún están por verse. La pregunta que queda en el aire es si esta reforma realmente contribuirá a fortalecer la seguridad o, por el contrario, agudizará las tensiones existentes. El tiempo y los resultados serán los encargados de dar la respuesta.