La sombra de la corrupción se cierne sobre los municipios del Estado de México. Una revelación de la Contraloría del Poder Legislativo ha puesto al descubierto una preocupante realidad: más de 500 servidores públicos municipales han sido sancionados en los últimos dos años tras ser investigados por presuntas irregularidades. El dato, que emerge como la punta de un iceberg, nos obliga a preguntarnos sobre la salud de nuestras instituciones locales y la confianza que podemos depositar en quienes las dirigen.

La maquinaria de la contraloría, según se ha informado, trabaja a destajo. Anualmente, se canalizan hasta 700 casos de presuntas irregularidades en los ayuntamientos. En tan solo el primer semestre de este año, la cifra ya alcanza los 351, y se prevé que se duplique para finales de 2025. Un número alarmante que dibuja un panorama de posible mal manejo de recursos, negligencia y, en algunos casos, franca deshonestidad.

El catálogo de denuncias es variado y abarca desde observaciones en los procesos de entrega-recepción, el nombramiento de titulares que no cumplen con el perfil requerido (incluyendo la importante cuestión de la paridad de género), la omisión de peticiones ciudadanas, hasta irregularidades en las sesiones de cabildo, el órgano máximo de decisión en los municipios. Estos actos, aparentemente aislados, tejen una red de impunidad que socava la credibilidad de las autoridades y erosiona la confianza de la ciudadanía.

Tepotzotlán, Naucalpan, Calimaya, Coyotepec, Santo Tomás de los Plátanos y Huehuetoca encabezan la lista de los municipios con mayor número de denuncias. ¿Qué factores explican esta concentración? ¿Se trata de una mayor incidencia de irregularidades o de una ciudadanía más activa y dispuesta a denunciar? La respuesta, sin duda, es compleja y requiere un análisis más profundo.

El contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences, ha explicado que el proceso de investigación es riguroso y que las sanciones se imponen tras un análisis exhaustivo de las pruebas. En 2024, se abrieron 116 expedientes que resultaron en la sanción de 319 servidores públicos, la mayoría con amonestaciones privadas. En lo que va de 2025, la cifra de sancionados asciende a 190. La diferencia entre expedientes y sancionados, según aclara Hernández Vences, se debe a que en un mismo expediente pueden estar involucrados varios funcionarios, como en el caso de las irregularidades en las sesiones de cabildo.

Sin embargo, no todas las sanciones son leves. Siete casos, considerados faltas graves, han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (Trijaem). De encontrarse responsables, los infractores podrían enfrentar desde inhabilitaciones de hasta tres años hasta la destitución del cargo. Este paso es crucial para asegurar que las consecuencias de la corrupción sean reales y disuasivas.

La lucha contra la corrupción es una tarea ardua y compleja. La existencia de recursos legales como los amparos, aunque legítimos, puede prolongar los procesos hasta por tres años. No obstante, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una sociedad democrática y justa. La revelación de estas cifras, lejos de desalentarnos, debe servir como un llamado a la acción. Una ciudadanía informada y participativa, junto con instituciones sólidas y comprometidas con la legalidad, son las mejores armas para combatir este flagelo que amenaza la salud de nuestra democracia.