En el corazón de Hidalgo, la tierra tiembla bajo el peso de la injusticia. No es un temblor natural, sino el eco sordo de la maquinaria pesada, el crujir de los derechos pisoteados y el silencio cómplice de quienes deberían proteger a los más vulnerables. Dos empresas, Sago Import Export y Carrizal Mining, se expanden a costa del patrimonio de los ejidatarios de San Pedro-Venustiano Carranza, una comunidad indígena que ha visto cómo su territorio es devorado poco a poco, metro a metro, durante más de cuatro décadas.

No se trata solo de la tierra robada, sino de la contaminación que se esparce como una enfermedad silenciosa, de los cerros de jales tóxicos que crecen como monumentos a la avaricia, del polvo venenoso que viaja con el viento y envenena los cultivos, el agua, la vida misma. Es la historia de una promesa rota, la de un diálogo que nunca existió. La Secretaría de Gobernación de Hidalgo organizó una mesa de diálogo, una pantomima de justicia donde las empresas acusadas brillaron por su ausencia, dejando a los ejidatarios con la amarga sensación de ser burlados, una vez más, por las instituciones que deberían velar por sus derechos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró parcialmente a Sago por un derrame de jales, una medida tardía que no repara el daño ya infligido a la naturaleza y a la salud de la comunidad. Pero la herida más profunda, la que no cierra, es la del miedo. Los habitantes denuncian agresiones constantes por parte de trabajadores ligados a las mineras, una intimidación sistemática que busca silenciar sus voces, apagar sus reclamos. Sin embargo, el miedo no ha logrado doblegarlos. Hoy, se reúnen en asamblea, buscando la fuerza colectiva para enfrentar a un gigante con rostro empresarial y respaldo político. Porque detrás de Sago Import Export se vislumbra la sombra de Julio Sánchez y Rosalía Gómez Martínez, exalcaldesa priista de Zimapán. El saqueo tiene nombre, apellido y padrinazgo. ¿Hasta cuándo seguirá impune esta alianza de poder y avaricia?

Mientras tanto, en los pasillos del poder, las fichas se mueven con la mirada puesta en 2027. La presidencia de la Mesa Directiva del Senado se convierte en un codiciado trofeo, una vitrina para quienes aspiran a escalar más alto en el tablero político. Morena evalúa a cuatro mujeres: Andrea Chávez, Ana Lilia Rivera, Verónica Camino Farjat e Imelda Castro. Cada una con sus ambiciones, sus estrategias y sus cartas para jugar. Chávez, con la mira puesta en la gubernatura de Chihuahua; Rivera, buscando repetir en el Senado y retomar la pelea por Tlaxcala; Camino Farjat e Imelda Castro, con aspiraciones que aún se mantienen en la sombra. El Senado se convierte en un campo de batalla donde se define no solo el presente, sino también el futuro político de estas mujeres.

Y en el INE, el fuego arde a puerta cerrada. Algunos consejeros, a punto de concluir su mandato, han optado por la estrategia de la tierra arrasada. Saben que ya no tienen nada que perder y, con esa libertad que da la inminente salida, se dedican a dinamitar el proceso que ellos mismos ayudaron a construir. Señalan errores, siembran dudas, se desmarcan de responsabilidades. Un juego peligroso que erosiona la confianza en las instituciones y deja una estela de incertidumbre en el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces. Mientras la mayoría del Consejo General lucha por mantener la legalidad, estos consejeros salientes prefieren el ruido, la confusión, el caos. Una salida estridente que busca protegerlos de las salpicaduras del desastre que ellos mismos contribuyeron a crear.