La baja participación ciudadana en la elección del Poder Judicial de la Federación nos obliga a una profunda reflexión. Un 13% de participación, en contraste con el 61.04% de las elecciones generales de 2024, no puede ser ignorado. Si bien es cierto que existieron voces que llamaron a la abstención como forma de protesta contra la reforma, es fundamental analizar las dificultades que enfrentaron aquellos ciudadanos que sí deseaban participar y se encontraron con un sistema complejo y poco accesible.

El diseño de la boleta, con una extensa lista de candidaturas, representó un primer obstáculo. La falta de información clara y concisa sobre las funciones de los cargos y las trayectorias de los candidatos dificultó la toma de decisiones informada. Imaginemos al ciudadano promedio, frente a una boleta con nombres desconocidos y sin la posibilidad de comprender a cabalidad las implicaciones de su voto. Esta complejidad, aunada a la falta de recursos para campañas informativas, creó un terreno fértil para la desinformación y la proliferación de los llamados "acordeones", listas pre-elaboradas que sugerían a quién votar, minando la autonomía del elector.

La ausencia de una legislación secundaria clara y precisa para regular el proceso electoral contribuyó a la incertidumbre. El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que organizar una elección sin precedentes, con recursos limitados y en un tiempo récord, enfrentando además múltiples impugnaciones. Este escenario, lejos de facilitar la participación ciudadana, la obstaculizó. Se puede argumentar que la experiencia del INE en la organización de elecciones garantizó un proceso limpio y transparente, sin embargo, la complejidad del sistema y la falta de información accesible impactaron negativamente en la participación.

El alto porcentaje de votos nulos, que oscila entre el 10.8% para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 14.9% para los Tribunales Colegiados, es un indicador claro de la confusión que generó el proceso. No podemos asumir que todos estos votos nulos fueron intencionales. Muchos de ellos probablemente fueron el resultado de la dificultad para comprender el sistema y la boleta.

Es necesario reconocer el esfuerzo del INE por difundir información a través de cápsulas informativas, redes sociales, stands públicos y el sistema "Conoce, Práctica y Ubica". Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes para contrarrestar la complejidad del proceso y la falta de familiaridad de la ciudadanía con la elección de jueces.

El ideal de acercar el Poder Judicial a la ciudadanía a través del voto popular es válido. No obstante, esta primera experiencia nos demuestra que el modelo actual necesita ser revisado y replanteado. Se requiere un cambio en las condiciones materiales, una mayor inversión en campañas informativas, una simplificación del proceso y una legislación secundaria clara que garantice un ejercicio electoral auténticamente libre e informado. De no hacerlo, corremos el riesgo de alejar aún más a la ciudadanía de la justicia y perpetuar un sistema que, en lugar de fortalecer la democracia, la debilita. El futuro de la elección popular de jueces depende de nuestra capacidad para aprender de esta experiencia y construir un sistema verdaderamente accesible y participativo.