La erosión de la libertad de expresión en México no es un fenómeno repentino, sino un proceso gradual que ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses. No se trata de simples casos aislados de intolerancia a la crítica, sino de un patrón sistemático de abuso de poder orquestado desde las esferas del obradorismo. Atribuir estas acciones a la "sensibilidad" de ciertos políticos es una simplificación ingenua que ignora la estrategia subyacente: silenciar las voces disidentes mediante la instrumentalización de las instituciones.

Desde el Senado hasta los tribunales locales y federales, pasando por las fiscalías y los congresos estatales, se observa una preocupante tendencia a utilizar el aparato estatal para hostigar a periodistas, ciudadanos y medios de comunicación que se atreven a cuestionar al poder. Figuras como Gerardo Fernández Noroña, la magistrada Tania Contreras, la diputada Diana Karina Barreras y el gobernador Alejandro Armenta, entre otros, han protagonizado episodios que ilustran esta preocupante dinámica. En cada caso, se invoca algún tipo de agravio, ya sea por "ofensas", "calumnias" o la tan manoseada "violencia política en razón de género", para justificar el uso de recursos públicos en la persecución de voces críticas.

La hegemonía alcanzada por la coalición obradorista ha creado un ambiente propicio para estos atropellos. El control que ejercen sobre las instituciones les otorga un poder prácticamente ilimitado, que utilizan sin escrúpulos para acallar a quienes los incomodan. Este poder sin contrapesos, como lo demuestra el desmantelamiento del Poder Judicial, es un caldo de cultivo para la arbitrariedad y la corrupción.

El panorama futuro es desolador. La creciente incertidumbre jurídica, el tráfico de influencias y la violación de derechos fundamentales son solo algunos de los síntomas de una enfermedad que amenaza con gangrenar el sistema. El sistema de justicia mexicano, de por sí precario, se encamina hacia una degradación aún mayor.

Ante esta ofensiva, la respuesta de las fuerzas sociales, económicas y mediáticas ha sido, en el mejor de los casos, tibia. La precariedad, el oportunismo, la indiferencia y el miedo han paralizado a muchos, mientras que otros han optado por la resignación o el silencio cómplice. De manera gradual, estamos normalizando lo inaceptable, asimilando el uso político de las instituciones contra la libertad de expresión como parte de la "nueva normalidad". Es imperativo romper este círculo vicioso y defender el derecho fundamental a la crítica y la disidencia antes de que sea demasiado tarde. La democracia no puede sobrevivir sin una prensa libre y una ciudadanía empoderada que exija cuentas al poder. El silencio nos convierte en cómplices de la erosión de nuestras libertades.