La creciente intolerancia a la crítica por parte del gobierno actual se ha convertido en un tema alarmante que exige nuestra atención. Ya no se trata de anécdotas aisladas o excentricidades políticas, sino de una estrategia sistemática que amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: la libertad de expresión. Como bien apuntaba Gerardo Esquivel, figura prominente dentro del propio movimiento, esta nueva clase política exhibe una preocupante alergia a cualquier voz disidente, una soberbia que les impide conectar con la realidad y aceptar la legitimidad del cuestionamiento público.

Los ejemplos, lamentablemente, abundan. El autoritarismo de la gobernadora de Campeche, que no solo clausuró un periódico, sino que además logró imponer una sentencia que inhibe al director de ejercer el periodismo durante dos años, junto con una multa millonaria, sienta un precedente peligroso. El intento en Sinaloa de aprobar una ley mordaza, aunque frenado por el contexto de violencia, y la insistencia del gobernador de Puebla en castigar el "ciberacoso" – una definición ambigua que podría abarcar cualquier crítica–, evidencian una tendencia preocupante hacia la censura.

La instrumentalización de la política de género para silenciar voces disidentes, como en el caso de la diputada Diana Karina Barreras y la actriz Laisha Wilkins, añade otra capa de complejidad a este panorama. El severo castigo impuesto a la ciudadana que cuestionó el nepotismo de Barreras, con multas, disculpas públicas obligatorias y la inclusión en un registro de agresores, resulta desproporcionado y sienta un precedente intimidatorio. El caso de Wilkins, censurada por un simple tuit irónico, ilustra cómo la ironía y el humor, herramientas tradicionales de la crítica política, son ahora percibidos como agresiones.

Estos episodios, sumados a la humillación pública de un ciudadano por parte del presidente del Senado, Fernández Noroña, pintan un cuadro preocupante. El poder, en lugar de ser utilizado para el servicio público, se convierte en un instrumento de venganza, desquite y ostentación.

¿Dónde queda entonces el espacio para el debate público? ¿Cómo podemos construir una sociedad democrática si se silencian las voces críticas? La pregunta crucial es qué hará la presidenta ante esta deriva autoritaria. Su silencio se interpreta como complicidad y alimenta la incertidumbre. Necesitamos un pronunciamiento claro y contundente que defienda la libertad de expresión y garantice el derecho a la crítica, sin importar cuán incómoda pueda resultar.

Como advertía Michael Ignatieff, la política de baja calidad busca anular el debate, no a través de la argumentación, sino del desprestigio y la censura. Negar el derecho a ser escuchado es el primer paso para imponer una única narrativa, una verdad oficial que no admite cuestionamientos. Es nuestro deber como ciudadanos defender la libertad de expresión y exigir a nuestros gobernantes que respeten este derecho fundamental. El futuro de nuestra democracia depende de ello.

La situación actual nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y alzar la voz ante cualquier intento de cercenar nuestras libertades. No podemos permitir que el miedo nos silencie. El debate público, con todas sus contradicciones y tensiones, es la esencia de una sociedad democrática. Silenciarlo es condenarnos a la oscuridad.