El caso de Rita Villalobos González nos confronta con una realidad incómoda: la fragilidad de la justicia frente a la vulnerabilidad. Una mujer, sumida en un contexto de violencia inimaginable, termina condenada a 20 años de prisión por un delito que, a la luz de las nuevas revelaciones, plantea serias dudas. La propuesta de la ministra Loretta Ortiz de amparar a Rita no solo abre la puerta a la revisión de un caso específico, sino que nos invita a reflexionar sobre las grietas del sistema judicial y cómo estas pueden afectar de manera desproporcionada a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

La historia de Rita es desgarradora. Víctima de violencia psicológica, económica y física por parte del padre de sus hijos, se ve envuelta en una tragedia familiar donde la línea entre víctima y victimaria se difumina. La inhalación de gas, que dejó inconscientes a ella y a sus tres hijos, se convierte en el punto de partida de un proceso judicial plagado de irregularidades. La sucesión de cuatro defensoras públicas, la falta de información clara sobre el procedimiento abreviado y la omisión del derecho a apelar la sentencia dibujan un panorama preocupante sobre el acceso a una defensa efectiva. ¿Cómo puede una mujer, inmersa en un estado de vulnerabilidad extrema, tomar decisiones informadas sobre su futuro legal? ¿Cómo se garantiza que la justicia no se convierta en una herramienta de revictimización?

La propuesta de la ministra Ortiz no solo busca reparar el daño causado a Rita, sino que sienta un precedente fundamental para la protección de los derechos de las mujeres en el sistema judicial. La reposición del procedimiento, tal como se plantea, permitiría una revisión exhaustiva del caso, incluyendo la presentación de pruebas que no fueron consideradas inicialmente. Esto abriría la posibilidad de comprender el contexto de violencia en el que se desarrollaron los hechos y evaluar la responsabilidad de Rita a la luz de estas circunstancias.

El llamado a juzgar con perspectiva de género no es una mera formalidad, sino una necesidad imperante. Implica comprender las complejas realidades que enfrentan las mujeres en situaciones de violencia y cómo estas pueden influir en sus decisiones y acciones. En el caso de Rita, la violencia sistemática ejercida por su expareja, sumado a la precariedad económica y la falta de apoyo, la colocaron en una posición de extrema vulnerabilidad que no fue considerada adecuadamente durante el proceso judicial.

La intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el análisis exhaustivo del caso por parte de la ministra Ortiz representan un rayo de esperanza para Rita y para todas las mujeres que enfrentan situaciones similares. La lucha por la justicia no se limita a la revisión de un caso individual, sino que se extiende a la construcción de un sistema judicial más justo, equitativo e inclusivo, donde la perspectiva de género sea un principio rector y la defensa efectiva un derecho garantizado para todos y todas.

Este caso nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas Ritas hay en nuestro país, invisibilizadas por un sistema que no las ve, que no las escucha, que no las protege? La respuesta a esta pregunta es un llamado a la acción, a la transformación, a la construcción de una justicia que realmente esté al servicio de las personas, especialmente de las más vulnerables. El futuro de Rita, y el de muchas otras mujeres, depende de ello.