La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que transfiere las facultades del Coneval al INEGI ha generado un intenso debate en el ámbito político y social de México. Con 353 votos a favor y 126 en contra, la iniciativa, emanada de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha encendido la discusión sobre la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales en el país. Mientras el partido gobernante defiende la medida como un paso hacia una evaluación más eficiente y basada en datos, la oposición la critica como un retroceso que pone en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas.

La diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, argumentó que esta reforma marca un "punto de inflexión" y un "nuevo paradigma" en la evaluación de las políticas sociales. Según Gómez Pozos, el nuevo modelo se centra en los datos y la evidencia, permitiendo "medir, comparar, corregir y mejorar". La legisladora destacó la importancia del INEGI en este nuevo esquema, describiéndolo como una institución que "provee con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social". Insistió en que el INEGI no impone un rumbo, sino que "entrega el mapa" para una mejor gestión pública.

Sin embargo, la oposición, particularmente el Partido Acción Nacional (PAN), ha expresado su profunda preocupación por las implicaciones de esta reforma. Califican la decisión como un "retroceso" que pone en "en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas". El legislador Diego Ángel Rodríguez, del PAN, argumentó que se está "desapareciendo un organismo autónomo con rigor técnico e independencia", fundamental para evaluar el impacto real de los programas sociales en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Rodríguez cuestionó la idoneidad del INEGI para asumir estas nuevas funciones, argumentando que, si bien es una institución técnica y respetada, "no fue diseñada para evaluar políticas públicas, mucho menos para emitir juicios sobre el desempeño social del gobierno".

Este debate pone de manifiesto la complejidad de la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales. La transferencia de estas responsabilidades al INEGI plantea interrogantes sobre la independencia y la objetividad de las evaluaciones, así como sobre la capacidad del Instituto para asumir estas nuevas funciones. Además, la discusión se enmarca en un contexto político polarizado, donde las diferentes fuerzas políticas interpretan la reforma desde sus propias perspectivas ideológicas.

La sociedad civil y los expertos en la materia también han expresado sus opiniones sobre esta reforma. Algunos destacan la importancia de contar con un sistema de evaluación robusto e independiente, mientras que otros señalan la necesidad de evitar duplicidades y optimizar los recursos. En los próximos meses, será crucial analizar con detenimiento el impacto de esta reforma en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales en México. El futuro de la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el país dependerá, en gran medida, de la eficacia y la transparencia de los mecanismos de evaluación que se implementen. Es fundamental que el debate continúe y se escuchen todas las voces para asegurar una evaluación justa y objetiva de las políticas públicas.