El debate en torno a la Guardia Nacional continúa incendiando la escena política mexicana. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados, que la adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha generado una oleada de reacciones, desde la defensa acérrima por parte del oficialismo hasta la férrea oposición de diversos sectores. ¿Se trata de un paso necesario para fortalecer la seguridad del país o una peligrosa militarización que pone en riesgo las libertades democráticas? Analicemos los argumentos de ambos lados.

El oficialismo, encabezado por Morena, argumenta que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena es crucial para dotarla de la estructura, disciplina y recursos necesarios para combatir eficazmente al crimen organizado. Se destaca la importancia de la homologación de grados y la aplicación del reglamento de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, lo que, según sus defensores, profesionalizará aún más a este cuerpo de seguridad. Además, se insiste en que la coordinación con las policías estatales y municipales será fundamental para lograr una estrategia de seguridad integral y más efectiva. Se hace hincapié en la salvaguarda de los derechos humanos y la preservación de las libertades como objetivos primordiales de la Guardia Nacional, buscando disipar los temores sobre un posible abuso de poder. El discurso se centra en la necesidad de una respuesta contundente ante la violencia que azota al país, presentando a la Guardia Nacional como la herramienta clave para recuperar la paz y el orden.

Sin embargo, las voces críticas no se han hecho esperar. La oposición, representada por partidos como el PRI y el PAN, acusa al gobierno de impulsar una agenda autoritaria y de socavar las bases de un Estado democrático. Se argumenta que la militarización de la seguridad pública no es la solución, y se advierte sobre los riesgos que esto implica para los derechos humanos y las libertades individuales. La polémica en torno al artículo 44, que permite a militares en activo contender por cargos de elección popular, ha avivado aún más la controversia. Si bien se aclara que este artículo ya existía previamente, la oposición cuestiona su pertinencia en el contexto actual y lo considera un paso más hacia la consolidación de un poder militar.

La exigencia de la oposición de publicar la reforma al artículo 123 constitucional, que busca mejorar las condiciones salariales y laborales de las policías estatales y municipales, pone de manifiesto otro punto crucial del debate: ¿se están invirtiendo los recursos suficientes en fortalecer las policías civiles? La oposición argumenta que la creación de la Guardia Nacional es una respuesta a la falta de capacidad e inversión en las fuerzas policiales civiles, y que la militarización es una salida fácil que evade la necesidad de construir instituciones policiales sólidas y confiables.

El futuro de la Guardia Nacional y su rol en la seguridad pública mexicana sigue siendo un tema candente. La polarización en el debate refleja la complejidad del problema y la necesidad de encontrar soluciones que garanticen tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos. El tiempo dirá si esta reforma logra los objetivos planteados o si, por el contrario, profundiza las problemáticas que aquejan al país. Lo que es innegable es que el debate está lejos de concluir y seguirá siendo un tema central en la agenda política mexicana.