La seguridad pública en México se encuentra en un proceso de transformación profunda. El gobierno federal, a través de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, ha anunciado un conjunto de iniciativas de ley que buscan consolidar la Guardia Nacional y establecer un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Este último, según Godoy, será una herramienta fundamental para la prevención, detección y desarticulación de las amenazas que ponen en riesgo la paz pública y los derechos fundamentales de los mexicanos. La preocupación por la privacidad de los ciudadanos ha sido abordada directamente, asegurando que la intervención en datos personales estará siempre sujeta a la autorización judicial y regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este punto es crucial para disipar cualquier temor sobre un posible uso político de la información recabada. La garantía de transparencia y apego a la legalidad es un pilar fundamental en esta propuesta.

Las reformas no se limitan a la creación de un nuevo sistema de inteligencia, sino que abarcan también la expedición de la ley de la Guardia Nacional y seis ordenamientos adicionales, junto con dos códigos. Este paquete legislativo busca armonizar las leyes existentes con la reforma constitucional, estableciendo la colaboración de la Guardia Nacional con las instancias de seguridad pública, siempre bajo la conducción del Ministerio Público. Se vislumbra una estrategia integral, donde la inteligencia y la operatividad se complementan para lograr una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia. La colaboración entre las distintas instancias de seguridad, tanto a nivel federal como estatal y municipal, es un elemento clave para el éxito de esta estrategia.

Por otro lado, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha presentado una iniciativa para actualizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La ley vigente, del 2009, se considera obsoleta y poco adaptable a la realidad actual. Figueroa ha destacado la rigidez de los mecanismos de coordinación y el enfoque centrado en las instituciones, más que en la sociedad, como las principales deficiencias de la ley anterior. La nueva propuesta busca una mayor flexibilidad y articulación de las estructuras y procedimientos, con un énfasis en la alineación estratégica, la coordinación, el desarrollo institucional y la eficiencia presupuestal.

La nueva ley establece con claridad la distribución de competencias entre las instituciones de los distintos niveles de gobierno, promoviendo una actuación coordinada y eficaz. Además, se formaliza la existencia del Gabinete Federal de Seguridad Pública y se replica su estructura en las entidades federativas a través de las Mesas de Paz. Este enfoque busca descentralizar la toma de decisiones y adaptar las estrategias de seguridad a las particularidades de cada región. Se trata de un paso importante hacia un sistema de seguridad más eficiente, transparente y, sobre todo, útil para la sociedad. La modernización de la legislación es un elemento fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad que enfrenta el país. La participación ciudadana y la rendición de cuentas son elementos clave para construir un México más seguro. La aprobación de estas leyes representa un paso significativo en la construcción de un sistema de seguridad más robusto y eficaz, capaz de responder a las demandas de la sociedad mexicana.