En el estado de Hidalgo, la sombra de la impunidad se cierne sobre la comunidad indígena de San Pedro-Venustiano Carranza. Dos empresas mineras, Sago Import Export y Carrizal Mining, se han expandido durante años con una voracidad que ignora los derechos de la tierra y de quienes la habitan. Los ejidatarios denuncian un sistemático despojo de sus terrenos, una contaminación ambiental que envenena su entorno y una violencia que los amedrenta, todo esto bajo la mirada cómplice de las autoridades estatales.

No se trata de un conflicto reciente. Por más de cuatro décadas, los comuneros han visto cómo, metro a metro, sus tierras han sido usurpadas. Primero fueron dos metros para el paso de camiones, luego once más. La promesa de diálogo se ha convertido en una burla institucional, como lo demuestra la reciente mesa de diálogo organizada por la Secretaría de Gobernación de Hidalgo, a la que las empresas mineras simplemente no asistieron. Los ejidatarios, presentes en la cita, se encontraron con el vacío, la confirmación de que sus voces no son escuchadas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha clausurado parcialmente a Sago Import Export por un derrame de jales, pero el daño ambiental ya está hecho. Los cerros de jales tóxicos, creciendo impunemente, esparcen sus venenos con el viento, contaminando las tierras de cultivo y poniendo en riesgo la salud de la comunidad. A esto se suman las agresiones que denuncian los habitantes por parte de trabajadores ligados a las mineras. El miedo es una constante, pero la necesidad de defender sus derechos los impulsa a alzar la voz, a organizarse en asambleas comunitarias para decidir cómo enfrentar este despojo empresarial con respaldo político.

La figura de Sago Import Export se oscurece aún más al conocer sus orígenes. Fruto de una sociedad entre el empresario Julio Sánchez y la exalcaldesa priista de Zimapán, Rosalía Gómez Martínez, la empresa se convierte en un símbolo del contubernio entre el poder económico y el político. El saqueo tiene nombres, apellidos y padrinazgos. La lucha de los ejidatarios de San Pedro-Venustiano Carranza es la lucha de David contra Goliat, una lucha por la justicia y la dignidad en un contexto de desigualdad y corrupción.

Mientras tanto, en el escenario político nacional, la Mesa Directiva del Senado se convierte en un codiciado trampolín hacia el 2027. Morena evalúa a cuatro mujeres para presidirla: Andrea Chávez, con la mira puesta en la gubernatura de Chihuahua; Ana Lilia Rivera, quien busca regresar a la gubernatura de Tlaxcala; Verónica Camino Farjat por Yucatán e Imelda Castro por Sinaloa. Cada una con sus aspiraciones y estrategias, convirtiendo la presidencia del Senado en un juego de ajedrez político donde cada movimiento cuenta.

Y en los pasillos del INE, el fuego arde. Algunos consejeros, a punto de concluir su mandato, optan por la estrategia de la tierra arrasada. Sabiendo que no tienen nada que perder, se dedican a sembrar dudas sobre los procesos que ellos mismos diseñaron y validaron, culpando al Instituto de errores cometidos en los órganos locales. Mientras la mayoría del Consejo General lucha por mantener la legalidad en la elección de ministros, magistrados y jueces, estos consejeros salientes prefieren el ruido, la desconfianza, el caos. Un último acto de sabotaje antes de abandonar el barco.