La sombra del huachicol fiscal se extiende entre México y Estados Unidos, un monstruo de miles de millones de dólares que se alimenta de la complicidad y la corrupción. A pesar de las negativas del gobierno mexicano, la evidencia se acumula como una montaña inamovible. El caso del buque Challenge Procyon, con sus millones de litros de combustible desaparecidos, es solo la punta del iceberg. Washington, con el ojo avizor del FBI, la CIA y la DEA, desentraña la madeja de este turbio negocio que se entrelaza con el tráfico de fentanilo y la crisis migratoria. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, esgrimida por el Departamento de Justicia, se convierte en el arma para perseguir a empresarios, funcionarios y narcotraficantes implicados. La "Lista viva" del Departamento de Estado, aunque negada por todos, existe y se alimenta de las investigaciones conjuntas. Christopher Landau, exembajador y mano derecha de Marco Rubio, se erige como el artífice de esta estrategia que busca poner fin a la impunidad.

La propaganda política del inicio del sexenio, que prometía acabar con el robo de combustible, se desmorona ante la realidad. La Guardia Nacional, en muchos casos, forma parte del problema, convirtiéndose en cómplice del crimen organizado. Gobiernos estatales y municipales se suman a la red de corrupción, mientras los grupos gasolineros pagan cuotas para transportar el hidrocarburo. La importación de gasolina, necesaria para cubrir la demanda interna, se convierte en un festín para la delincuencia, que le pega una mordida a ese apetitoso pastel. La discrepancia entre la cantidad de combustible reportada por la Secretaría de Marina y la reclamada por la empresa importadora, deja en el aire la pregunta: ¿dónde están los millones de litros desaparecidos?

La red de corrupción salpica incluso a figuras prominentes. Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, se ve envuelto en la investigación contra la Casa de Bolsa Vector por depósitos sospechosos de dólares. La cancelación de cuentas por parte del Bank of New York Mellon, a instancias del FinCen, levanta sospechas sobre el lavado de dinero. Aunque Romo ya no preside Vector, su vínculo como accionista y presidente honorario lo mantiene en el ojo del huracán.

El caso de Casas Geo, declarada en quiebra en 2019, deja un amargo sabor de boca a los inversionistas. La decisión del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, que validó el concurso mercantil y la quiebra, no fue recurrida y quedó firme. Algunos tenedores de Certificados Bursátiles se sienten despojados y critican la falta de apoyo en la reestructura financiera de la otrora gigante de la vivienda.

La figura de José Luis Barroso Montull, dueño de Cerillera La Central, se dibuja como la de un empresario de dudosa ética. Inversionistas y socios denuncian incumplimientos y manejos turbios en sus negocios. Desde la compra de los refrescos Chaparritas hasta el desarrollo inmobiliario Lomas del Río, las quejas se acumulan. El controvertido caso del predio El Columpio, con sus 102 ejidatarios, deja al descubierto prácticas cuestionables en la adquisición de terrenos. Mientras Barroso Montull disfruta de su ciudadanía fiscal en Costa Rica, sus hijos, Enrique y Jaime Barroso Ríos, gestionan los negocios en medio de conflictos familiares y quejas de proveedores e inversionistas por falta de pago.

La corrupción, como una enfermedad silenciosa, carcome las instituciones y la confianza. La impunidad se convierte en el caldo de cultivo para que florezcan negocios ilícitos que benefician a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. La lucha contra este mal requiere de la colaboración de todos, de la transparencia en las acciones gubernamentales y de un sistema de justicia que no se doblegue ante el poder y el dinero.