La sombra del huachicol fiscal se extiende entre México y Estados Unidos, un fantasma de miles de millones de dólares que, a pesar de las negativas oficiales, parece confirmarse con casos como el del buque Challenge Procyon. Veinte millones de litros de combustible, un supuesto aditivo para lubricantes, se convirtieron en el centro de una investigación que involucra a agencias de seguridad estadounidenses como el FBI, la CIA y la DEA. Washington ha puesto la lupa sobre este tráfico ilícito, vinculándolo con el crimen organizado y el lavado de dinero a través de funcionarios corruptos en aduanas y Pemex. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, impulsada por el gobierno de Trump, se perfila como la herramienta para perseguir a los implicados en este turbio negocio. Y mientras la "lista viva" del Departamento de Estado, esa que todos niegan pero que existe, sigue creciendo, el subsecretario Christopher Landau, exembajador en México, parece tener las riendas de esta investigación.

Recordemos la campaña mediática que al inicio del gobierno de López Obrador se orquestó para combatir el huachicol. Se prometió soberanía energética, se limitó la importación de gasolinas y se apostó por la refinería de Dos Bocas como la solución definitiva. Sin embargo, la realidad en las carreteras mexicanas es otra. La gasolina robada se vende a plena luz del día, con la complicidad, en muchos casos, de la Guardia Nacional, gobiernos estatales y municipales. El transporte de hidrocarburos se ha convertido en una carrera de obstáculos, donde los grupos gasolineros deben pagar cuotas al crimen organizado para poder operar. La producción nacional de gasolina no alcanza para cubrir la demanda, y la importación, que representa el 60% del consumo, se convierte en un jugoso botín para la delincuencia.

El caso del Challenge Procyon es un ejemplo de la opacidad que rodea este tema. La Secretaría de Marina, primero reportó la confiscación de 17 millones de galones de supuesto aditivo, luego, solo la mitad. La empresa importadora, por su parte, reclama la devolución de cinco millones de galones. ¿Dónde están los 10 millones de litros restantes? La pregunta queda flotando en el aire, como una muestra más de la impunidad que impera en este negocio.

Las consecuencias de este escándalo alcanzan a figuras de alto perfil. Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con el sector empresarial, se ve salpicado por la investigación a la Casa de Bolsa Vector, de la cual es accionista y presidente honorario. Depósitos de dólares de dudosa procedencia han puesto a Vector en la mira del FinCen, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiga transacciones financieras ilegales. The Bank of New York Mellon ya canceló las cuentas de Vector hace dos años, y ahora se rumorea que la operación de la casa de bolsa podría ser revocada, aunque aún no se sabe si por el gobierno estadounidense o el mexicano.

El panorama empresarial también se ve afectado por la quiebra de Casas Geo, declarada válida en 2019 por un juzgado de la Ciudad de México. Banorte, a través de su filial Sólida, se quedó con varios activos de la otrora gigante del sector inmobiliario. Algunos tenedores de bonos de Geo se sienten despojados y critican la falta de apoyo durante el proceso de reestructuración financiera.

Finalmente, la figura de José Luis Barroso Montull, dueño de Cerillera La Central, emerge como un ejemplo de prácticas empresariales cuestionables. Acusado de incumplir con inversionistas y socios, Barroso Montull ha dejado una estela de conflictos en proyectos inmobiliarios y en la adquisición de marcas de bebidas. Ahora, radicado en Costa Rica y con sus hijos al frente de los negocios, Barroso Montull enfrenta nuevas acusaciones de impago a proveedores e inversionistas, mientras un conflicto familiar agrava la situación. La historia de Barroso Montull es un reflejo de la complejidad del panorama empresarial mexicano, donde la ética y la transparencia a menudo quedan relegadas a un segundo plano.