En un escenario donde la transformación del sistema judicial se presenta como una necesidad ineludible, la búsqueda de la certidumbre se convierte en un faro que guía las acciones hacia un futuro más justo y equitativo. No se trata de una tarea sencilla, ni mucho menos inmediata, sino de un proceso continuo que requiere la participación activa y comprometida de todos los actores involucrados.

En este camino hacia la consolidación de un sistema judicial sólido y confiable, el Poder Judicial del Estado de México ha implementado un modelo de gestión que se basa en cinco pilares fundamentales. El primero de ellos, la Declaratoria de Justicia Abierta, se erige como un compromiso inquebrantable con la transparencia y el acceso a la información. Con un avance del 80% en la implementación de sus 14 compromisos, esta iniciativa ha dado frutos tangibles, como la creación del Observatorio de los Pueblos Indígenas, el Programa de Justicia Itinerante y la emisión de sentencias en un lenguaje claro y accesible para la ciudadanía, gracias al apoyo de la Inteligencia Artificial.

La segunda característica de este modelo reside en la aprobación del Sistema de mejora para la impartición de justicia. Este innovador esquema va más allá de la simple participación ciudadana, promoviendo una verdadera conducción compartida en la que la sociedad tiene voz y voto en el análisis del rendimiento institucional. A través de este sistema, diversos sectores de la sociedad pueden emitir recomendaciones basadas en la información analizada, contribuyendo así a la mejora continua del sistema.

En tercer lugar, destaca el impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Estos mecanismos no solo contribuyen a descongestionar los órganos jurisdiccionales, sino que también fomentan la cultura de paz, tan necesaria en nuestra sociedad. Con un índice de conclusión del 96% en los casi 11 mil asuntos iniciados hasta mayo, y un incremento anual del 20% en los últimos tres años, el Estado de México se posiciona como un referente en la implementación de los MASC, atendiendo el 18% de los asuntos en materia familiar a nivel nacional.

La inversión en tecnología se presenta como el cuarto pilar de este modelo de gestión. La modernización de los sistemas y la implementación de herramientas digitales son cruciales para garantizar la eficiencia y la accesibilidad a la justicia. Con más de 180 mil usuarios de firma electrónica, 178 mil promociones y demandas recibidas, 192 mil notificaciones y audiencias realizadas, y más de 1,500 medidas de protección dictadas en el Juzgado de Violencia Familiar en Línea, el Poder Judicial del Estado de México demuestra su compromiso con la innovación tecnológica. Además, el Juzgado Especializado en Órdenes de Aprehensión y Cateos ha emitido más de 2,300 órdenes a través de plataformas digitales. El Tribunal Electrónico, con casi 20 millones de consultas al año, se consolida como una herramienta fundamental para el acceso a la información judicial. Sin embargo, es importante no dejar de lado a quienes aún no tienen acceso a las tecnologías digitales, brindándoles una atención sensible, cálida y cercana.

Finalmente, la carrera judicial se erige como el quinto pilar de este modelo. La formación de operadores jurídicos altamente capacitados es esencial para garantizar la correcta impartición de justicia. A través de la Escuela Judicial, se han emitido tres convocatorias a cursos para Actuarios, Secretarios y Oficiales Judiciales, con el objetivo de fortalecer el sistema y promover la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

En definitiva, la construcción de un sistema judicial que brinde certidumbre requiere de un esfuerzo continuo, adaptable a las cambiantes realidades sociales. La mejora continua y el análisis constante son elementos indispensables para satisfacer las expectativas ciudadanas y consolidar un sistema de justicia equitativo, incluyente y empático.