La noticia de que el Infonavit, bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, planea implementar un programa para regularizar la situación de invasores de viviendas, ha generado una gran controversia y una oleada de inquietudes. La propuesta, que permitiría a los ocupantes ilegales adquirir la propiedad de las viviendas a un precio significativamente reducido y en un plazo de tan solo 5 años, se justifica bajo el argumento de que, de otra manera, estas personas nunca podrían ser propietarias. Sin embargo, esta afirmación es inexacta y pasa por alto una figura jurídica fundamental: la prescripción positiva, contemplada en el Código Civil.

Esta figura legal ofrece una vía para que quienes habitan una vivienda sin ostentar la propiedad, puedan adquirirla legalmente. La prescripción positiva, lejos de ser una herramienta desconocida, establece requisitos claros y específicos para garantizar la protección de los derechos tanto del poseedor como del propietario original. Entre estos requisitos se encuentra la ocupación ininterrumpida del inmueble por un periodo que oscila entre 5 y 10 años, durante los cuales el poseedor debe haber demostrado un cuidado responsable del mismo, asumiendo las obligaciones y cargas inherentes a la propiedad.

El proceso para adquirir la propiedad a través de la prescripción positiva requiere de un procedimiento judicial, en el cual se notifica al propietario registral, brindándole la oportunidad de defender sus derechos. Es fundamental destacar que la prescripción positiva solo procede si el propietario ha abandonado el inmueble y no ha manifestado interés alguno en recuperarlo o en hacerse cargo de él durante el plazo establecido. Además, el poseedor debe demostrar que su posesión ha sido pacífica, continua y pública, evidenciando un comportamiento propio de un dueño responsable.

La existencia de la prescripción positiva demuestra que ya existe un mecanismo legal para abordar la problemática de la ocupación irregular de viviendas, un mecanismo que equilibra la protección de los derechos del propietario con la posibilidad de regularizar la situación de quienes han poseído y cuidado un inmueble durante un periodo prolongado. En este sentido, la propuesta del director del Infonavit no solo resulta innecesaria, sino que además crea un peligroso precedente al incentivar las invasiones y menoscabar la seguridad jurídica.

La iniciativa de Oropeza plantea un escenario de flagrante inequidad para aquellos ciudadanos que han cumplido con la ley y han adquirido sus viviendas a través de créditos hipotecarios, créditos que, en la mayoría de los casos, implican plazos de pago de 15, 20 o incluso 30 años. ¿Qué mensaje se envía a quienes se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones financieras cuando se les presenta una alternativa que premia la ocupación ilegal con la posibilidad de adquirir una propiedad en tan solo 5 años? La propuesta no solo es injusta, sino que también puede incentivar las invasiones y la construcción irregular de viviendas, como se ha visto en casos como el de #Febo17, donde la invasión se ha utilizado como una estrategia para evitar la demolición de una construcción ilegal.

El caso de #Febo17 es un ejemplo paradigmático de cómo la falta de apego a la legalidad puede generar situaciones complejas y peligrosas. La construcción de este edificio de departamentos se llevó a cabo sin los permisos y autorizaciones correspondientes, y la posterior invasión del inmueble ha impedido la ejecución de una orden judicial de demolición. Este tipo de situaciones no solo ponen en riesgo la seguridad de quienes habitan estas construcciones irregulares, sino que también erosionan el Estado de Derecho.

En lugar de proponer soluciones improvisadas que generan más problemas de los que resuelven, es imperativo recurrir a las herramientas legales existentes, herramientas que han sido diseñadas precisamente para abordar este tipo de situaciones. La aplicación de la ley y el respeto al derecho de propiedad son pilares fundamentales para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo ordenado de la sociedad. La prescripción positiva, con sus requisitos y procedimientos establecidos, ofrece una vía legal y justa para regularizar la ocupación de viviendas, protegiendo los derechos de todas las partes involucradas y evitando la creación de incentivos perversos que promuevan la ilegalidad. Es momento de dejar de lado las ocurrencias y apostar por la aplicación rigurosa de la ley.