La incertidumbre nos acecha. ¿Hacia dónde nos dirigimos como nación? Cada día amanecemos con un nuevo embate contra los cimientos de nuestra convivencia democrática. Si algo define a una democracia digna de tal nombre es el respeto irrestricto a la propiedad privada, un pilar fundamental del orden jurídico que actúa como barrera contra los abusos del poder y la manipulación de la justicia. Por ello, la estrategia que promueve el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no solo resulta preocupante, sino francamente escandalosa. Una institución concebida para proteger el patrimonio de los trabajadores, ahora se erige como promotora del delito, premiando al invasor y abriendo la puerta a la institucionalización del despojo.

La propuesta del director del Infonavit, Octavio Romero, es un despropósito: premiar a quienes han ocupado ilegalmente viviendas a través de esquemas de arrendamiento con opción a compra, una figura jurídica inexistente en nuestro marco legal. Se pretende, pues, beneficiar al infractor con precios subsidiados, otorgándole una oportunidad inmobiliaria privilegiada, muy por debajo del valor real del mercado y sin ningún tipo de vínculo jurídico con la institución. En resumen, se le brinda una ayuda a quien se apropia de lo ajeno, en lugar de aplicarle el peso de la ley. Esta política pública se ha pervertido, transformándose en una herramienta de injusticia.

Importantes organizaciones empresariales, como la Coparmex, la Concamin, la Canaco, la AMIB y el Comce, han alzado la voz enérgicamente contra esta medida, pero sus reclamos se pierden en el vacío. No se trata de un capricho empresarial, sino de la defensa elemental del Estado de derecho. El Infonavit carece de facultades para disponer de inmuebles que no le pertenecen, y mucho menos para transferirlos violando los derechos adquiridos por trabajadores acreditados, muchos de los cuales aún se encuentran inmersos en litigios o procesos de regularización de sus créditos.

¿En qué momento el delito se convirtió en un pasaporte para acceder a programas sociales? ¿Qué mensaje transmitimos como sociedad cuando premiamos la usurpación y marginamos a quienes cumplen con la ley? Esta propuesta, de concretarse, sentaría un precedente nefasto: bastaría con ocupar ilegalmente una vivienda y esperar a que una política pública la legalice. Imaginen el mensaje: “Ocupen ilegalmente las viviendas del Infonavit y les prometemos la propiedad, sin litigios y en cómodas mensualidades”. Un mensaje que incentiva la ilegalidad y socava los principios básicos de la convivencia social.

Las cifras son alarmantes: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, el 86% están ocupadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Infonavit ni con los legítimos propietarios. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una ocupación masiva, alentada por la inacción y, ahora, por el estímulo oficial. Muchas de estas viviendas no han sido abandonadas, sino que están vinculadas a créditos vigentes, litigios o situaciones de morosidad que aún podrían solucionarse. Convertirlas en botín legal es un atropello a los derechos de quienes han cumplido o podrían cumplir con sus obligaciones.

Ante la avalancha de críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que “la propiedad privada está resguardada”. Sin embargo, la certidumbre jurídica no puede depender de declaraciones posteriores que intentan maquillar el desatino inicial. Lo que está en juego es la vigencia del derecho como instrumento de justicia, no como moneda de cambio electoral.

La situación financiera del Infonavit agrava el panorama. Desde 2015, el Instituto enfrenta una creciente crisis de gestión, con una morosidad que se ha disparado. En lugar de implementar políticas de rescate responsables para los acreditados, se opta por una estrategia populista que premia al invasor y desatiende a quienes han contribuido al sistema.

Esta no es solo una mala política, es una traición a la esencia misma del Infonavit, cuya función es garantizar el acceso legítimo a la vivienda de los trabajadores derechohabientes. Si se busca atender la pobreza habitacional, existen mecanismos institucionales adecuados, sin necesidad de distorsionar los fines de una institución financiada con los ahorros de millones de trabajadores. Estas medidas transmiten un mensaje devastador: el esfuerzo y la legalidad no son valorados. Debemos frenar esta deriva. Hoy son viviendas, mañana podrían ser tierras, escuelas o pensiones. La propiedad, cuando deja de ser un derecho y se convierte en una concesión política, deja de pertenecer al ciudadano para quedar en manos del poder. Y entonces, habremos perdido todo.