La sombra de la militarización se extiende sobre México. El debate que se libra en la Cámara de Diputados en torno a la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es un mero trámite legislativo, sino un punto de inflexión en la historia de la seguridad pública del país. La discusión ha desatado un torrente de opiniones encontradas, donde se entremezclan la urgencia por la seguridad, el respeto a los derechos humanos y el temor a un poder militar desmedido.

La propuesta del oficialismo, abanderada por Morena, defiende la necesidad de una institución sólida, con una estructura jerárquica clara y una formación homogénea, capaz de enfrentar al crimen organizado de manera eficaz. Argumentan que la transexenalidad, ahora garantizada, permitirá a la Guardia Nacional consolidarse como una fuerza permanente, alejada de los vaivenes políticos y con la capacidad de desarrollar estrategias a largo plazo. Se insiste en que la formación policial que recibirán los integrantes de la Guardia Nacional, basada en el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley, será la garantía de una actuación apegada a la legalidad. Se dibuja así la imagen de una institución robusta, profesionalizada y al servicio de la ciudadanía, capaz de devolver la tranquilidad a las calles del país.

Sin embargo, las voces de la oposición se alzan con fuerza, denunciando lo que consideran una clara violación al espíritu del artículo 21 constitucional, que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. Para la oposición, la militarización no es la solución, sino un paso peligroso hacia un escenario donde las fuerzas armadas controlen aspectos fundamentales de la vida pública. Se argumenta que la experiencia en otros países demuestra que la militarización no reduce la violencia, sino que, por el contrario, puede agravarla, al generar un clima de mayor confrontación y propiciar violaciones a los derechos humanos.

La discusión en la Cámara de Diputados se convierte así en un reflejo de la polarización que vive el país en materia de seguridad. Mientras unos ven en la Guardia Nacional militarizada la única opción viable ante la creciente ola de violencia, otros advierten sobre los riesgos de entregar el control de la seguridad pública a las fuerzas armadas. ¿Se trata de una medida necesaria para restablecer el orden o de un peligroso avance hacia la militarización del país? El futuro de la seguridad en México se debate entre estos dos polos.

Más allá de las posturas políticas, lo que subyace en este debate es la profunda preocupación de la sociedad mexicana por la inseguridad que se vive en el país. La ciudadanía exige resultados, anhela vivir en paz y demanda a sus representantes soluciones eficaces y respetuosas de los derechos humanos. La pregunta que queda en el aire es si la militarización de la Guardia Nacional será la respuesta a estas demandas o si, por el contrario, abrirá la puerta a un escenario aún más complejo y preocupante. El tiempo y la historia tendrán la última palabra.