La tensión en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo pico con el supuesto ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes. Un acto que, de confirmarse, no solo viola flagrantemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, sino que sienta un peligroso precedente en un mundo ya de por sí volátil. La justificación de Israel, basada en una "legítima defensa preventiva", carece de fundamento jurídico y se desmorona ante el análisis del derecho internacional, que solo permite el uso de la fuerza en casos de legítima defensa inminente. El argumento de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, aunque legítimo en su preocupación, no puede utilizarse para justificar una acción unilateral que ignora los mecanismos internacionales existentes.

Irán, a pesar de las serias dudas sobre sus verdaderas intenciones nucleares, es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ha permitido inspecciones del OIEA en sus instalaciones. Este compromiso, aunque imperfecto, demuestra una voluntad de someterse a los controles internacionales, algo que Israel, potencia nuclear no declarada según el SIPRI, se niega sistemáticamente a hacer. La hipocresía de esta situación es palpable: una nación con un arsenal nuclear ataca a otra por la mera sospecha de querer desarrollar uno.

La gravedad de este supuesto ataque se intensifica por el uso de bombas de una potencia nunca antes vista, 30 mil toneladas, y por el objetivo elegido: centrales nucleares. Las Convenciones de Ginebra prohíben expresamente este tipo de ataques debido al riesgo de catástrofe humanitaria y ambiental que representan. La radiación, la contaminación y el potencial impacto en la población civil son consecuencias devastadoras que deben ser consideradas antes de cualquier acción militar.

El supuesto objetivo último de este ataque, un "cambio de régimen" en Irán, es aún más preocupante. La injerencia en los asuntos internos de un país soberano es una violación fundamental del derecho internacional y abre la puerta a una escalada de conflictos con consecuencias impredecibles. Si bien el régimen iraní es, sin duda, represivo y viola los derechos humanos de su propia población, la solución no puede ser una intervención militar ilegal que ponga en peligro la estabilidad regional.

Es importante destacar que esta crítica a la acción de Israel no implica una defensa del régimen iraní. Sus políticas opresivas, su apoyo a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah y los hutíes, y su constante injerencia en los asuntos de otros países son inaceptables y merecen la condena internacional. Sin embargo, la respuesta a estas acciones debe ser a través de los canales diplomáticos y los mecanismos internacionales, no mediante la fuerza bruta.

En este contexto, la postura de México debe ser clara e inequívoca: una defensa firme del derecho internacional y una condena enérgica a cualquier acto que lo viole. No podemos permitir que la ley del más fuerte prevalezca sobre el derecho y la justicia. Como país con una larga historia de intervenciones extranjeras, México sabe de primera mano los peligros de la lógica del poder y la fuerza. Defender el derecho internacional no es solo una obligación moral, es una cuestión de seguridad nacional.

La comunidad internacional debe exigir una investigación exhaustiva de este incidente y responsabilizar a los culpables. El silencio y la inacción solo servirán para alentar futuras violaciones del derecho internacional y poner en peligro la paz y la seguridad mundiales. Es hora de que las naciones se unan para defender el orden internacional basado en el derecho y la justicia, y no en la imposición de la fuerza.