La crisis de desapariciones en México exige una respuesta contundente y coordinada. La reciente iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, representa un paso crucial en esa dirección. El diálogo con colectivos de familiares, una pieza fundamental en este proceso, ha enriquecido la propuesta con la invaluable experiencia de quienes viven el dolor de la ausencia. La escucha atenta y la apertura a las sugerencias, como lo destaca Valentina Peralta, coordinadora nacional de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, confirman la voluntad de construir soluciones conjuntas.

La incorporación de propuestas ciudadanas y de expertos jurídicos fortalece la iniciativa y la dota de una mayor legitimidad. Sin embargo, la complejidad del tema exige una revisión constante y una adaptación a las realidades cambiantes. El compromiso de la Secretaría de Gobernación de mantener un canal de comunicación abierto con los colectivos y la sociedad civil es esencial para asegurar que la ley responda a las necesidades reales y se convierta en una herramienta eficaz en la búsqueda de verdad y justicia.

La urgencia de fortalecer las fiscalías y las comisiones de búsqueda es un clamor que resuena en todo el país. La experiencia del Gobierno de la Ciudad de México, que se ha adelantado en la implementación de nuevas estrategias de búsqueda, debe servir de ejemplo para las demás entidades federativas. La proactividad demostrada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al convocar a colectivos y comprometerse públicamente con la construcción de una nueva estrategia, marca un precedente importante. Es imperativo que esta buena práctica se replique en todo el territorio nacional, trascendiendo las fronteras geográficas y políticas.

La desaparición de personas es un problema que nos afecta a todos y todas. La colaboración entre gobierno, sociedad civil y familias es fundamental para construir un sistema de búsqueda eficaz, que nos permita encontrar a quienes nos faltan y sancionar a los responsables. La iniciativa de reforma a la Ley General es un paso importante, pero el camino hacia la justicia es largo y requiere un compromiso constante de todos los actores involucrados.

Es fundamental que la sociedad en su conjunto se involucre en este proceso. Informarse, participar en las discusiones públicas y exigir a las autoridades que cumplan con su deber de investigar y sancionar las desapariciones son acciones que contribuyen a la construcción de un país más justo y seguro. La indiferencia no es una opción. La memoria de las personas desaparecidas y el dolor de sus familias nos exigen actuar con determinación y solidaridad.

Más allá de las reformas legales, es necesario un cambio cultural que promueva el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la impunidad. La educación en valores, la formación de las fuerzas de seguridad y la creación de mecanismos de prevención son pilares fundamentales para construir una sociedad en la que la desaparición de personas sea una tragedia del pasado. El futuro de México depende de nuestra capacidad para unirnos y trabajar juntos en la construcción de un país donde la vida y la dignidad de todas las personas sean respetadas y protegidas.