La sombra de la inseguridad continúa acechando a los transportistas mexicanos, a pesar de las cifras oficiales que muestran una disminución en los robos al autotransporte de carga. Si bien mayo registró la cifra más baja de incidentes desde que se lleva registro, con 505 atracos en comparación con los 684 del mismo mes en 2024, la realidad en las carreteras pinta un panorama mucho más sombrío. La discrepancia entre las estadísticas y la experiencia diaria de quienes se juegan la vida al volante genera una profunda preocupación en el sector.

Los transportistas denuncian que la violencia no solo persiste, sino que se ha recrudecido, incluyendo, en casos extremos, el asesinato de operadores. Estos actos de barbarie, sin embargo, no parecen reflejarse en los informes oficiales, lo que levanta serias dudas sobre la metodología utilizada para recopilar y clasificar los datos. Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), ha expresado la necesidad de una revisión exhaustiva de cómo se cataloga cada incidencia delictiva. La pregunta que flota en el aire es: ¿están todos los casos de violencia contra los transportistas siendo contabilizados como tales? La sospecha de que muchos incidentes se clasifican de manera diferente, diluyendo la verdadera magnitud del problema, es compartida por muchos en el sector.

La preocupación se acentúa ante la posibilidad de que la tipificación de los delitos a nivel estatal, en lugar de federal, esté distorsionando las estadísticas. Esta falta de uniformidad en la clasificación de los crímenes dificulta la obtención de una imagen clara y precisa de la situación, impidiendo la implementación de estrategias efectivas para combatir la inseguridad. Mientras las cifras oficiales hablan de una disminución, los transportistas viven una realidad marcada por el miedo y la incertidumbre.

Miguel Ángel Martínez, presidente nacional de la Canacar, va más allá de las frías estadísticas y pone el dedo en la llaga al hablar de "defunciones". Un término crudo que refleja la tragedia humana que se esconde detrás de los números. La pérdida de vidas humanas no puede ser un simple dato en una hoja de cálculo. Cada operador asesinado representa una familia destrozada, un vacío irreparable en la comunidad transportista y un recordatorio constante del peligro que acecha en las carreteras.

La violencia no se limita a los operadores. Los equipos y las mercancías también son blanco de los criminales, generando pérdidas económicas significativas para las empresas y afectando la cadena de suministro en todo el país. La inversión en seguridad por parte de las empresas transportistas se ha incrementado considerablemente, pero a menudo resulta insuficiente ante la ferocidad de los ataques. La impunidad que prevalece en muchos casos alimenta el ciclo de violencia, haciendo imperativo un esfuerzo conjunto entre autoridades, empresas y sociedad para frenar esta ola de inseguridad.

La exigencia de los transportistas es clara: transparencia en las cifras, una revisión exhaustiva de los protocolos de clasificación de delitos y, sobre todo, acciones concretas que garanticen la seguridad de quienes día a día transitan por las carreteras del país, moviendo la economía y conectando a las comunidades. El llamado a la colaboración entre todos los actores involucrados es urgente. La vida de los operadores y la estabilidad del sector dependen de ello. No se trata solo de números, se trata de vidas humanas.