La búsqueda de personas desaparecidas en México no es solo una estadística fría, es una herida abierta en el corazón de cientos de familias que viven en la angustia de la incertidumbre. La reciente presentación del informe de avances en las mesas de diálogo, encabezada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, arroja un rayo de luz en esta dolorosa realidad. La participación activa de más de 450 colectivos y familias, con 570 aportaciones concretas, demuestra un compromiso inquebrantable para encontrar la verdad y la justicia. Estas voces, cargadas de dolor y esperanza, han enriquecido la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la perspectiva invaluable de quienes viven esta tragedia en carne propia.

La Secretaria Rodríguez, no solo como funcionaria, sino también como madre y abuela, ha expresado su profundo respeto y empatía por el sufrimiento de las familias. Reconoce que el dolor no solo proviene de la ausencia de sus seres queridos, sino también de las omisiones y maltratos de algunos servidores públicos, un lastre del pasado que se debe erradicar. El compromiso del gobierno es claro: atender la búsqueda de personas desaparecidas como una prioridad nacional, no como una concesión, sino como un derecho fundamental.

Las mesas de diálogo no son un simple trámite burocrático, sino un espacio vital para escuchar, atender y tratar con dignidad y respeto a las víctimas. Se busca dotarlas de las herramientas necesarias para su seguridad y bienestar, para que puedan acceder a la verdad y a la justicia. Visibilizar su problemática es crucial para prevenir la impunidad y para diseñar políticas públicas que realmente respondan a sus necesidades. Y la voluntad política se traduce en hechos concretos: la asignación de presupuestos suficientes no solo para la atención de las víctimas, sino también para prevenir futuras desapariciones.

El Estado mexicano asume su responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de estos hechos lamentables. Cada voz, cada caso, cada familia representa una oportunidad para servir a quienes han sido silenciados y victimizados en el pasado. Se reconocen los retos, pero la convicción es firme: trabajar hombro a hombro con las familias buscadoras, fortalecer el buen trato y alcanzar el objetivo común: verdad, justicia y no repetición.

La iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, fortalecida por las aportaciones de las familias, busca dotar a las autoridades de mayores herramientas para actuar con respeto, diligencia y buen trato. Se continuará trabajando en la armonización de leyes, protocolos y procedimientos para crear una Agenda Nacional de Búsqueda que se convierta en política pública efectiva.

El gobierno se ha comprometido a ir de la mano con las familias, no con promesas vacías, sino con la firme determinación de cumplir con su obligación. Se hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a unirse a esta causa que duele a todo México. A los servidores públicos, a actuar con responsabilidad y respeto a la dignidad de las personas buscadoras. Al Congreso de la Unión, a aprobar las reformas que reflejan los diálogos y acuerdos con las familias.

Se reconoce que la ley no lo resuelve todo, se requiere un trabajo continuo, con compromisos y persistencia, para implementar la Agenda Nacional de Búsqueda de Personas. Se busca una respuesta integral y coordinada, con la certeza de que con trabajo honesto, responsabilidad y pasos firmes, se puede transformar el dolor en esperanza, la incertidumbre en acciones reales, para alcanzar la justicia y la verdad que las víctimas merecen. El camino es largo, pero la esperanza se mantiene viva, alimentada por la fuerza y la perseverancia de quienes buscan a sus seres queridos. La lucha por la verdad y la justicia continúa, y el gobierno se compromete a acompañarla hasta el final.