La sombra de la incertidumbre se cierne sobre la CURP biométrica. Si bien el discurso oficial la pinta como una panacea contra la corrupción y una herramienta modernizadora para la digitalización de trámites, la realidad es que genera más preguntas que respuestas, sobre todo en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y la falta de un organismo garante como el INAI. No se trata de demonizar la tecnología, sino de exigir transparencia y garantías en su implementación. ¿Acaso la digitalización justifica poner en riesgo la privacidad de millones de mexicanos?

La promesa de una administración pública más eficiente gracias a la biometría suena atractiva, pero ¿es realmente la solución a la corrupción? Este flagelo, enquistado en las estructuras del sistema, no se erradica con la simple recopilación de datos biométricos. Requiere, por el contrario, de una profunda transformación institucional, de mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas, y de un compromiso genuino por parte de las autoridades para combatirla. La CURP biométrica, en lugar de ser la solución, podría convertirse en un instrumento de control y vigilancia sin precedentes.

Imaginemos por un instante un futuro donde la información biométrica esté comprometida. A diferencia de una contraseña, nuestras huellas dactilares, nuestro iris, nuestros rasgos faciales, son irremplazables. Un robo de esta información nos dejaría expuestos a una vulnerabilidad extrema, con consecuencias devastadoras para nuestra identidad y seguridad. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar la protección de estos datos tan sensibles? ¿Quién supervisará el manejo de esta información y cómo se garantizará su uso responsable?

La experiencia nos ha enseñado, a través de filtraciones masivas y usos indebidos de datos personales, que la confianza ciega en la tecnología puede ser un arma de doble filo. En un país con un historial de deficiencias en la protección de datos, la centralización de información biométrica en la CURP se presenta como un escenario de alto riesgo. La ausencia del INAI agrava aún más esta preocupación. ¿Quién velará por nuestros derechos en caso de una vulneración? ¿A quién podemos recurrir si nuestros datos son utilizados indebidamente?

La digitalización del Estado no puede ser una excusa para atropellar nuestros derechos fundamentales. La identidad y la privacidad son pilares de una sociedad democrática y no pueden ser sacrificados en aras de la eficiencia administrativa. Antes de celebrar la CURP biométrica como un avance, debemos exigir respuestas claras y contundentes: ¿quién controlará nuestros datos?, ¿cómo se utilizarán?, ¿qué garantías existen para evitar su abuso? El futuro de nuestra privacidad está en juego.

La premura por implementar esta medida, sin un debate público amplio y sin la presencia de un organismo garante como el INAI, levanta serias sospechas. ¿Por qué tanta prisa? ¿A qué intereses responde esta iniciativa? La ciudadanía merece respuestas. La opacidad y la falta de transparencia solo alimentan la desconfianza. Exijamos un diálogo abierto y transparente sobre la CURP biométrica. Nuestro derecho a la privacidad no es negociable.

La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. La CURP biométrica, en lugar de ser un instrumento de control, debe ser una herramienta que facilite la vida de los ciudadanos, siempre y cuando se garantice la protección de nuestros datos y se respete nuestro derecho a la privacidad. Es hora de alzar la voz y exigir que la innovación tecnológica vaya de la mano con los derechos humanos.