La desaparición de dos adolescentes en la localidad de Mojarritas, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, ha dejado una profunda herida en la comunidad. El 26 de julio de 2020, un día que seguramente transcurría con la apacible normalidad de un pueblo pequeño, se convirtió en el inicio de una pesadilla para las familias de las víctimas. Jesús Gabriel “N”, ahora condenado a 93 años y seis meses de prisión, arrebató la tranquilidad y la esperanza a estas familias, privando de la libertad a dos jóvenes cuyas vidas apenas comenzaban a florecer. La incertidumbre que rodea el paradero de las menores acrecienta el dolor y la angustia, convirtiendo cada día en una eterna espera.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit, tras una ardua investigación realizada con perspectiva de derechos humanos y un enfoque especializado, logró llevar a Jesús Gabriel “N” ante la justicia. El juicio oral, culminación de un proceso riguroso y apegado a derecho, permitió al Tribunal de Enjuiciamiento determinar la responsabilidad penal del acusado, imponiéndole una condena ejemplar que refleja la gravedad del delito cometido. Noventa y tres años y seis meses tras las rejas representan la respuesta del Estado ante un acto que atenta contra los valores más fundamentales de nuestra sociedad: la vida, la libertad y la seguridad.

Sin embargo, la justicia no se limita a la condena del culpable. La reparación del daño, que será determinada en la vía de ejecución correspondiente, busca, en la medida de lo posible, restituir a las familias el patrimonio perdido y aliviar, aunque sea mínimamente, el sufrimiento causado por la ausencia de sus seres queridos. La multa de 15 mil Unidades de Medida y Actualización impuesta al sentenciado, representa una sanción económica significativa que busca disuadir la comisión de actos similares en el futuro.

Más allá de la sentencia, persiste la incógnita que atormenta a las familias y a la comunidad: ¿Dónde están las menores? La Fiscalía General del Estado de Nayarit, consciente de la importancia de esta pregunta, reitera su compromiso con la búsqueda de la verdad y la localización de las personas desaparecidas. La investigación, lejos de concluir con la condena, se mantiene activa, explorando cada pista, cada indicio, con la esperanza de encontrar respuestas que permitan a las familias cerrar este doloroso capítulo de sus vidas.

Este caso nos recuerda la fragilidad de la existencia y la importancia de trabajar incansablemente por la construcción de una sociedad más justa y segura, donde los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, sean respetados y garantizados. La lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad son pilares fundamentales para la consolidación de un Estado de Derecho que garantice la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos. La Fiscalía, en su labor de procurar justicia, se erige como un baluarte en la defensa de estos principios, enviando un mensaje claro a la sociedad: los delitos no quedarán impunes y la búsqueda de la verdad será una constante en su quehacer. La esperanza, aunque tenue, se mantiene viva en la comunidad de Mojarritas, esperando el día en que las familias puedan finalmente reunirse con sus seres queridos o, al menos, encontrar la paz que brinda el conocimiento de la verdad.