La maquinaria de la 4T, tras sortear los escollos de la reforma judicial, fija su mirada en un nuevo horizonte: las fiscalías generales de justicia estatales. A pesar de las declaraciones oficiales que aseguran respetar la autonomía de estas instituciones, los movimientos en el tablero político sugieren una estrategia diferente. En los pasillos del poder se susurra ya sobre una reforma que podría modificar desde su funcionamiento interno hasta los mecanismos de designación de sus titulares y la duración de sus mandatos. El objetivo último parece ser el de armonizar, o al menos coordinar con mayor precisión, la procuración de justicia con la nueva arquitectura judicial impulsada por el lopezobradorismo en su etapa final.

No se trata de una idea improvisada. La problemática de las fiscalías, convertidas en un verdadero cuello de botella para la justicia, es una realidad palpable. En ellas se acumulan trabas burocráticas, carpetas de investigación deficientemente integradas y un rezago que alimenta día a día la bestia de la impunidad. El sistema actual, lejos de garantizar la justicia pronta y expedita, se ha convertido en un laberinto donde los ciudadanos se pierden en un mar de trámites y dilaciones.

Si bien aún no existe un proyecto con consenso generalizado, el debate ya está abierto. La propia Claudia Sheinbaum se ha distanciado del borrador presentado por el senador Waldo Fernández, que proponía el retorno de las fiscalías a la órbita de los gobernadores. A pesar del supuesto respaldo de los aliados del oficialismo –PT y PVEM–, Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, desmintió tal apoyo en un gesto que, más que firmeza, pareció una muestra de deferencia hacia Palacio Nacional.

La idea de intervenir en las fiscalías no es nueva. Se viene gestando desde el inicio del sexenio de López Obrador, alimentada por la creciente desconfianza hacia estos organismos y los escándalos locales que los han salpicado. Los ejemplos abundan: Morelos, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa… En todos estos estados, las fiscalías han protagonizado controversias, ya sea por su evidente sesgo político o por su incapacidad para resolver los delitos que más afectan a la población.

Sheinbaum, aunque insiste en que no pretende controlar las fiscalías, reconoce la necesidad de “sacudir sus estructuras”, revisar sus modelos operativos y replantear los mecanismos de elección de sus titulares. Lo que no ha mencionado, pero sí han repetido varios morenistas e incluso el propio presidente, es que el diseño actual de las fiscalías ha generado conflictos políticos, parálisis operativa y una evidente falta de resultados. En estados como Nuevo León, la disputa por el control de la fiscalía, encabezada por Samuel García, ha derivado en un bloqueo total.

A este panorama se suma el abrumador rezago: miles de carpetas de investigación se acumulan sin avances, mientras que los procesos judiciales se atascan en una maraña burocrática, la falta de recursos y las omisiones. El resultado es una justicia inaccesible, distante, y una impunidad que corroe la confianza ciudadana.

Más allá de los jaloneos legislativos y los intentos de madruguete de algunos, lo que el país enfrenta es una urgencia sistémica: así como se abrió el debate sobre el Poder Judicial, se impone una revisión a fondo de las fiscalías. Las razones son de peso. Lo que está en juego no es poca cosa: es la justicia cotidiana, la que debe responder al ciudadano común, no a los intereses del poder.

La reciente decisión del gobierno, que permitiría al Infonavit, dirigido por Octavio Romero, legalizar viviendas invadidas o con irregularidades, ha generado un amplio rechazo en diversos sectores. Ante la falta de una explicación convincente, se fortalece la percepción de que la propuesta atenta contra la propiedad privada y que el gobierno busca "legalizar lo ilegal", premiando de alguna forma a invasores, grupos del crimen organizado, sindicatos charros y mafias de abogados y notarios coludidos.

Y como diría aquel filósofo… Nomeacuerdo: “La impunidad tiene fuero. Y a veces, oficina con placa de fiscal”.