En un emotivo encuentro cargado de significado, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reafirmó el compromiso inquebrantable del gobierno mexicano con las víctimas de desaparición y sus familias. No se trata solo de palabras, sino de acciones concretas que buscan sanar heridas profundas y construir un futuro donde estas tragedias no se repitan. Rodríguez Velázquez, con la sensibilidad de una madre y una abuela, reconoció el dolor inimaginable que atraviesan quienes buscan a sus seres queridos, un dolor que, aseguró, no es ajeno al gobierno.

La iniciativa presidencial en materia de desaparición, piedra angular de este esfuerzo conjunto, se ha fortalecido gracias al diálogo constante y constructivo con más de 450 colectivos y familias. Estas voces, cargadas de experiencia y esperanza, han aportado más de 570 contribuciones cruciales, enriqueciendo la propuesta de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se trata de una iniciativa construida desde las bases, con la perspectiva y la postura de quienes viven esta tragedia en carne propia.

La aprobación de esta reforma, enfatizó la Secretaria, dotará a las autoridades de herramientas más efectivas para actuar con la diligencia, el respeto y la empatía que las víctimas merecen. No se trata solo de buscar, sino de acompañar, de comprender y de brindar un trato humano en cada paso del proceso. El compromiso va más allá de la ley, extendiéndose a la armonización de normas, protocolos y procedimientos, con el objetivo de crear una política pública integral y eficaz.

La directriz presidencial es clara: caminar de la mano con las familias, no solo para encontrar a quienes hoy buscamos, sino también para prevenir futuras desapariciones, erradicar las malas prácticas institucionales y combatir la impunidad y la corrupción que alimentan este flagelo. Esta lucha requiere un enfoque interseccional, que considere las particularidades de cada contexto y la vulnerabilidad específica de grupos como las niñas, los niños y las personas adultas mayores, quienes también sufren las consecuencias de la ausencia.

El trabajo por delante es arduo, reconoció Rodríguez Velázquez, pero no se trata de una promesa vacía, sino de una obligación moral y legal que el gobierno asume con total determinación. El llamado a las servidoras y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno es a actuar con responsabilidad y respeto a la dignidad de las personas buscadoras, convirtiéndose en aliados en esta lucha.

Finalmente, un mensaje respetuoso al Congreso de la Unión: estas reformas no son patrimonio de un gobierno, sino el reflejo de un diálogo nacional, de un consenso social que busca sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y seguro para todos. La ley es un paso importante, pero no el único. El trabajo continuará en las mesas de diálogo, con la persistencia y el compromiso necesarios para implementar la Agenda Nacional de Búsqueda de Personas y brindar una respuesta integral y coordinada a este desafío que nos interpela como sociedad. La esperanza sigue viva, y el gobierno de México, junto a las familias, la mantendrá encendida.