La creciente tensión en Oaxaca se palpa en el aire tras la detención de dos escoltas del periodista José Ignacio Santiago, director de Pluma Digital Noticias. Este incidente, ocurrido en Juchitán, ha desatado una ola de indignación y preocupación por la seguridad del comunicador, quien desde 2017 se encuentra bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La versión oficial apunta a una portación de armas apócrifa y consumo de bebidas embriagantes por parte de los escoltas, pero Santiago denuncia una clara represalia por sus constantes señalamientos de corrupción contra la policía estatal, especialmente contra el Comisionado de Seguridad Pública, Francisco Santiago García.

Este nuevo capítulo en la historia de agresiones contra la prensa en Oaxaca nos obliga a mirar con lupa la fragilidad del ejercicio periodístico en el estado. Santiago, en una transmisión en vivo por Facebook la noche del domingo, expresó su temor y vulnerabilidad tras la detención de sus escoltas, responsabilizando directamente a las autoridades de seguridad de cualquier cosa que pudiera sucederle. El silencio oficial sobre los motivos de la detención alimenta las sospechas y la incertidumbre, dejando un manto de dudas sobre la verdadera naturaleza de este operativo. ¿Se trata de un acto legítimo de aplicación de la ley o de una estrategia de intimidación para silenciar las voces críticas?

La historia de José Ignacio Santiago es un reflejo de los riesgos que enfrentan los periodistas que se atreven a desafiar al poder. Recordemos que en 2017 fue víctima de un secuestro, donde le exigieron trabajar para un grupo armado, bajo amenaza de represalias contra su familia. Este incidente lo obligó a huir de Juchitán, y aunque en 2020 se alcanzó un acuerdo con la mediación de la FEADLE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión), la violencia volvió a tocar a su puerta en 2021, cuando dos sujetos armados intentaron dispararle, un ataque que fue repelido por sus escoltas.

Ahora, con la detención de sus protectores, Santiago queda expuesto nuevamente a la violencia que lo ha perseguido durante años. La pregunta que resuena con fuerza es: ¿qué garantías de seguridad puede ofrecer el Estado a periodistas como José Ignacio Santiago, cuando las propias fuerzas de seguridad son señaladas como responsables de la intimidación y la represión? Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, y de garantizar que las investigaciones sobre agresiones contra la prensa sean exhaustivas, imparciales y conduzcan a la sanción de los responsables. El silencio y la impunidad solo alimentan la violencia y erosionan la libertad de expresión, pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. La sociedad oaxaqueña y el gremio periodístico permanecen en alerta, exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos, en un contexto donde la defensa de la verdad se ha convertido en un acto de valentía.