La aparente paradoja conservadora se ha convertido en un espectáculo recurrente en el escenario político nacional. Se erigen como defensores acérrimos del voto, guardianes del INE y adalides de la democracia, pero ante cualquier avance que amplíe la participación ciudadana, se transforman. Su discurso cambia, mutando en un coro de voces agoreras que, desde sus medios afines y a través de sus plumas mercenarias, intentan sembrar la semilla de la apatía con un mensaje claro: "No participen, no voten, absténganse". Es una contradicción flagrante que deja perplejo a cualquiera que observe con atención el panorama político.

En días recientes, hemos presenciado una ofensiva virulenta orquestada por la derecha mexicana y sus tentáculos políticos, enfocada en deslegitimar la elección judicial. Su objetivo último es descarrilar uno de los avances democráticos más significativos de las últimas décadas: la transformación del Poder Judicial a través de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Escudándose en la defensa de las instituciones, lo que realmente buscan es perpetuar los privilegios de una élite que históricamente ha manipulado la justicia a su antojo, protegiendo sus intereses y castigando a quienes osan desafiar el orden establecido. Para ellos, la participación ciudadana es irrelevante; lo único que importa es generar caos, controversia y desestabilizar el sistema. No buscan soluciones, sino problemas que les permitan aferrarse al poder.

La derecha no defiende la justicia; defiende a los jueces que miraron hacia otro lado ante la corrupción rampante de los gobiernos neoliberales, aquellos que abrieron las puertas de las cárceles a delincuentes de cuello blanco y frenaron reformas sociales cruciales. Ahora, ante la posibilidad de un cambio profundo impulsado por la voluntad popular, recurren a la deslegitimación y al boicot, intentando anular el mandato ciudadano. Su argumento es falaz: pretenden hacernos creer que defender la Constitución es petrificarla, ignorando que la Carta Magna es un organismo vivo que evoluciona con la voluntad soberana del pueblo.

Lo que la derecha se niega a comprender, o finge no comprender, es que el poder reside en el pueblo, y se expresa a través de sus representantes legítimos en el Congreso. Las recientes elecciones federales fueron contundentes: el pueblo mexicano exige una transformación radical del sistema judicial. Este mandato democrático es irrefutable.

Por más que pataleen, por más que recurran a sus medios aliados y vociferen en nombre de una legalidad que ellos mismos han pisoteado, no podrán detener lo inevitable: la construcción de un nuevo sistema de justicia, erigido desde la base, con legitimidad democrática y al servicio del pueblo.

Ante los cuestionamientos sobre la participación ciudadana en la elección judicial, es preciso recordar que la cantidad de votantes es prácticamente equivalente a los votos obtenidos por la derecha en las elecciones presidenciales pasadas. Incluso, algunos ministros electos superan en votos al PAN en dicha contienda. Esto desmonta el argumento de la baja participación como un factor de deslegitimación.

Nos encontramos en el umbral de una nueva era en la vida institucional del país. Nuestra república se fortalece, avanza hacia un modelo donde todos los poderes, incluido el Judicial, respondan al interés colectivo y no a los caprichos de la élite. Los cambios que se avecinan no son solo necesarios, son urgentes. Porque sin justicia verdadera, no hay democracia plena.

La elección popular del Poder Judicial no es una amenaza, sino una promesa: la promesa de que, finalmente, los jueces rendirán cuentas a quienes realmente importan: el pueblo mexicano. Y esa promesa, a pesar del clamor de la derecha, se cumplirá.