La desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) ha generado una profunda preocupación entre expertos, docentes y padres de familia. No se trata simplemente de la eliminación de un organismo, sino del desmantelamiento de un pilar fundamental para la construcción de un sistema educativo sólido y equitativo. Este acto, impulsado por el partido gobernante, se suma a una serie de decisiones que han debilitado la estructura educativa del país, poniendo en riesgo el futuro de las nuevas generaciones.

La justificación de austeridad esgrimida por el gobierno no convence, sobre todo cuando se contrasta con la magnitud del impacto negativo en la educación. Recortar recursos destinados a la mejora continua de la educación es como ahorrar en los cimientos de una casa: a corto plazo puede parecer un ahorro, pero a largo plazo las consecuencias son devastadoras. ¿Cómo se puede hablar de un futuro prometedor cuando se invierte menos del 3% del PIB en educación, muy por debajo de las recomendaciones internacionales?

La promesa de poner al pueblo en el centro de las políticas públicas se desdibuja ante la realidad que viven millones de niños y niñas en México. La eliminación de las escuelas de tiempo completo, que brindaban apoyo vital a familias vulnerables, y las estancias infantiles, que atendían a miles de pequeños, son ejemplos claros de un retroceso en materia de bienestar social. Estas medidas, lejos de beneficiar a la población, han generado una mayor precariedad y desigualdad.

La centralización de las funciones de evaluación en la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras la desaparición de Mejoredu, suscita serias dudas sobre la objetividad e independencia de los procesos. La evaluación educativa debe ser un instrumento técnico, ajeno a intereses políticos, que permita identificar áreas de oportunidad y fortalecer la calidad de la enseñanza. De lo contrario, se corre el riesgo de que la evaluación se convierta en una herramienta de control y propaganda, en lugar de un motor para la mejora continua.

La educación no es un gasto, es una inversión. Es la base sobre la cual se construye un país próspero, justo y equitativo. Desmantelar el sistema educativo, con el pretexto de la austeridad, es una decisión miope que hipoteca el futuro de México. Se necesita un cambio de rumbo, una apuesta decidida por la educación de calidad, con políticas públicas basadas en la evidencia y el diálogo, no en la ideología y la imposición.

La sociedad civil, los docentes, los padres de familia y los estudiantes deben alzar la voz y exigir una educación que esté a la altura de las necesidades del siglo XXI. No podemos permitir que la educación se convierta en un botín político. El futuro de México está en juego. Es hora de defender la educación, de exigir una inversión adecuada y de construir un sistema educativo que garantice oportunidades para todos, sin importar su origen social o lugar de residencia. La desaparición de Mejoredu es un llamado de atención, una señal de alarma que no podemos ignorar.