La problemática de los "franeleros" en la Ciudad de México ha trascendido la simple incomodidad para convertirse en una verdadera amenaza a la seguridad y la convivencia ciudadana. Ya no se trata solo de una molestia, sino de un problema complejo que afecta la tranquilidad y el libre tránsito en el espacio público. La iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, de reformar la Ley de Cultura Cívica para abordar esta situación, representa un paso crucial y urgente para recuperar el control de nuestras calles y garantizar la seguridad de todos.

Esta propuesta no busca criminalizar la pobreza, sino atacar la impunidad que ha permitido el florecimiento de estas prácticas. Se trata de un enfoque integral que combina la sanción con la reinserción social, ofreciendo alternativas viables a quienes se dedican a esta actividad. El arresto inconmutable de 36 horas para quienes obstruyan la vía pública y coaccionen a los conductores es una medida contundente para disuadir estas conductas y romper el ciclo de impunidad. Ya no bastará con pagar una multa para evadir la responsabilidad.

La realidad que vivimos a diario en nuestras calles es alarmante. Los "viene viene" se han transformado en grupos organizados que operan con impunidad, imponiendo tarifas abusivas y recurriendo a la violencia e intimidación. Rayones en los coches, cristales rotos, amenazas e incluso agresiones físicas son algunas de las consecuencias de negarse a pagar las cuotas impuestas. Incluso, existen denuncias ciudadanas que señalan la colaboración de algunos de estos grupos con el crimen organizado, actuando como "halcones" que vigilan las rutinas de los vecinos y alertan sobre posibles objetivos para robos.

La complicidad de algunas autoridades y la corrupción policial han contribuido al crecimiento de este fenómeno. La tolerancia y la protección que han recibido estos grupos por parte de ciertos elementos de seguridad han permitido que se adueñen de calles, avenidas e incluso espacios frente a edificios públicos, hospitales y comercios. Esta usurpación del espacio público se ha convertido en un negocio lucrativo alimentado por la impunidad. Detrás de esta actividad hay una red de intereses económicos que se beneficia de la ilegalidad.

La iniciativa de Brugada no se limita a la sanción, sino que también busca atender las raíces del problema. Reconoce que muchos de los "franeleros" se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y desempleo. Por ello, se propone un programa de capacitación y oportunidades de emprendimiento para ofrecerles una alternativa real a la ilegalidad. Se trata de brindarles las herramientas necesarias para que puedan integrarse al mercado laboral de manera digna y honesta.

La campaña de concientización ciudadana "El espacio público es de todas y todos" es un componente fundamental de esta estrategia. Informar a la ciudadanía sobre sus derechos, las nuevas sanciones y los mecanismos para realizar denuncias es esencial para fomentar la participación ciudadana en la recuperación de nuestros espacios públicos. El número telefónico para reportes y denuncias será una herramienta clave para que los ciudadanos puedan colaborar activamente con las autoridades.

El éxito de esta iniciativa dependerá de la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, la fiscalía, las alcaldías, los comercios y la propia ciudadanía. Es fundamental que todos trabajemos juntos bajo una misma lógica: el espacio público no se vende ni se arrebata. Nuestras calles son el corazón democrático de la ciudad, el lugar donde convivimos, trabajamos y nos expresamos libremente. Recuperarlas es una tarea de todos.

Cuando alguien se apropia del espacio público, no solo comete un abuso, sino que atenta contra el principio de equidad social, convirtiendo un derecho colectivo en un privilegio particular. En una ciudad que aspira a ser ordenada, habitable y segura, no podemos permitir que la dignidad de las personas dependa de pactar con la ilegalidad. Romper con el círculo de corrupción que lucra con lo que nos pertenece a todos es una prioridad. La iniciativa de Brugada es un paso importante en esa dirección, pero su éxito requiere el respaldo del Congreso y la participación activa de la ciudadanía.