En un escenario político cargado de expectativas, los diputados han dado inicio a un periodo extraordinario que promete ser decisivo para el futuro del país. Once iniciativas, previamente dictaminadas, se encuentran en la mira del fast track legislativo, abarcando temas cruciales como telecomunicaciones, seguridad biométrica, la controvertida Guardia Nacional y el traslado de funciones de organismos extintos a otras instituciones. La celeridad con la que se pretende aprobar estas reformas ha generado un intenso debate, con voces a favor y en contra que se alzan con fuerza en el panorama nacional.

Uno de los puntos más álgidos de la agenda legislativa es la discusión sobre la Guardia Nacional. El dictamen presentado la define como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial. Este punto ha sido especialmente polémico, ya que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha sido objeto de controversia durante años. La propuesta contempla la incorporación de personal del Ejército, la Fuerza Aérea y personal civil de confianza, bajo la dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se espera que este debate se extienda durante las próximas sesiones, con la participación de diversos actores políticos y sociales.

Otro tema que ha captado la atención es la reforma que busca otorgar nuevas funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el INEGI asumirá la responsabilidad de la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, funciones que anteriormente recaían en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta transferencia de responsabilidades plantea interrogantes sobre la capacidad del INEGI para asumir estas nuevas tareas y sobre el futuro del Coneval.

Asimismo, se prevé la aprobación de un dictamen que modifica la regulación de los retiros parciales por desempleo de los recursos de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. La propuesta busca que estos retiros se calculen con base en el salario base de cotización promedio de las últimas 52 semanas, con un límite de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual. Actualmente, el cálculo se realiza con base en el último salario base de cotización, con un límite de diez veces el salario mínimo mensual general vigente en la Ciudad de México. Esta modificación podría tener un impacto significativo en las finanzas personales de los trabajadores que se encuentren en situación de desempleo.

Ante este panorama, las reacciones no se han hecho esperar. La coordinación del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por Elías Lixa, ha expresado su preocupación por la reforma de la Guardia Nacional. Lixa ha señalado que esta reforma “completa el círculo de la militarización de las tareas civiles de seguridad y proximidad civil”, argumentando que el entrenamiento militar difiere del entrenamiento policial requerido para la proximidad social. Estas declaraciones reflejan la polarización que existe en torno a este tema y anticipan un intenso debate en el Congreso. Se espera que en los próximos días se intensifiquen las discusiones y las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sobre estas importantes iniciativas. El futuro de la seguridad, las estadísticas nacionales y la política social del país se encuentra en juego en este periodo extraordinario. Manténgase informado sobre los últimos acontecimientos y las decisiones que se tomen en el Congreso, ya que tendrán un impacto directo en la vida de todos los mexicanos.